*Mediante amparos libró cargos falsos, pero quieren encarcelarlo de nuevo.
De la redacción
El Poder Judicial mexiquense y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) violan derechos humanos en el caso del luchador social Humbertus Pérez Espinoza, dirigente del Frente Mexiquense en Defensa para la Vivienda Digna (FMDVD), sostuvo el diputado Max Correa Hernández, de MORENA.
Pérez Espinoza estuvo más de 4 años detenido, acusado de delitos falsos, que la FGJEM y el Poder Judicial dieron por buenos. El afectado adujo siempre que se trataba den procesos penales por consignas del entonces gobernador Eruviel Ávila Villegas, como maniobra para satisfacer la sed de venganza de los grandes intereses inmobiliarios denunciados por el FMDVD, dados los fraudes, venta de viviendas con sobreprecio, incumplimiento en la construcción de infraestructuras de servicios y apoderamiento de áreas verdes, entre muchas otras ilegalidades.
De la misma forma, sostuvo que las empresas dispusieron de la protección de los poderes Ejecutivo y Judicial, pues ante el comprobado incumplimiento de compromisos con los colonos, de todos modos les devolvieron las fianzas entregadas, precisamente, para garantizar la construcción de la infraestructura comprometida.
Correa Hernández dio a conocer que la liberación de Pérez Espinoza fue por amparos ganados a la FGJEM y el Poder Judicial; la primera apeló y el segundo dio por buena esa inconformidad, pero sin notificar al involucrado, con lo cual lo dejó en completa indefensión y violaron su derecho a un debido proceso.
Sin cumplir con el procedimiento; es decir, sin la notificación, se efectuó ilegalmente la audiencia, para lo cual designaron a un defensor de oficio, pues tampoco le notificaron al defensor legal de Pérez Espinoza, quien igualmente encabeza la organización “Presunción de Inocencia”, en una actuación violatoria de los derechos humanos del luchador social y al debido proceso.
La Fiscalía General de Justicia del Estado y el Poder Judicial han sido objeto de denuncias públicas por inventar delitos, especialmente contra luchadores sociales, comenzando por Humbertus Pérez Espinoza, quien fue el primero en denunciar la venta de viviendas con sobreprecios de hasta 40 por ciento, en perjuicio de los compradores, quienes ahora están pagando mucho y deben más de cuanto valen los inmuebles. En la misma línea de presuntas actuaciones por consignas están los casos de los campesinos de Salazar; de Ildefonso Zamora, de Ocuilan; y de los indígenas de San Pedro Tlanixco.
