Los Ataques a la Libertad de Expresión se dan en los Estados:
El Caso Montaño y la Renta de Vehículos del GEM
Macario Lozano
En la campaña orquestada por los poderes fácticos contra la Cuarta Transformación es recurrente acusar al actual gobierno federal de perseguir y atacar a la libertad de expresión. Un día sí y otro también, en algún espacio nacional de opinión algún periodista, intelectual o líder de opinión se victimiza y denuncia al régimen de López Obrador como enemigo de la libre expresión y represor de la disidencia.
No es cierto cuanto dicen. Y tan es falso, que pueden decirlo sin miedo a ser reprimidos. No se les persigue por hacer investigaciones o evidenciar los errores o incluso, si hubiera, la corrupción en el gobierno de la 4T. Al momento, el único acto que se puede considerar agresivo ha sido la cancelación de los contratos por miles y miles de millones de pesos que se les otorgaban a periodistas y empresas de medios por un sin número de actividades, algunas muy distantes del periodismo.
En este contexto resulta muy interesante lo revelado por la extraordinaria periodista mexiquense Tere Montaño, premio estatal de periodismo. Narró que trabajó un reportaje sobre la renta de vehículos por parte del gobernador Alfredo del Mazo Maza, por la cual paga dos mil millones de pesos al año.
La información es muy valiosa, porque refleja los vínculos y complicidad de los dueños de medios informativos con el poder público, pero también valioso y desafortunado es lo que le aconteció a la informadora tras presentar su trabajo.
Ese reportaje le costó su empleo en el “Heraldo de México”, porque resulta que la empresa beneficiada con los dos mil millones de pesos es propietaria también de la compañía que renta los vehículos al gobierno mexiquense.
No hubo cartas de intelectuales, vaya ni de periodistas locales denunciando lo ocurrido. Los medios nacionales tampoco voltearon a ver el asunto o retomaron la valiente investigación de Montaño. Los grupos feministas no la tomaron como bandera, y bien que podrían haberlo hecho contra el ‘patriarcado’.
El ejemplo deja en claro lo que en este y otros espacios de opinión se ha denunciado desde hace años, el verdadero peligro para la libertad de expresión está en los Estados del país, y ya no en el gobierno federal.
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