*Debieron nombrarlos desde 2019, pero amparos lo impidieron.
De la redacción
Después de un controvertido proceso de selección, que incluyó amparos de aspirantes quienes se sintieron afectados por las propuestas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, la representación popular del Estado designó a 10 magistrados: cuatro mujeres y seis hombres profesionales del derecho, los cuales rindieron protesta ante pleno. Durarán 15 años en los cargos.
El proyecto de decreto, dispensado del trámite de dictamen, fue precedido por las entrevistas de la Jucopo a cada uno de los y las juristas en materia penal Verónica Carrillo Carrillo, Alhelí Segura Rocha, Luis Ávila Benítez, José Alfredo Cedillo González, Ismael Alfredo Hernández Alemán, Alberto Tornero Arellano, así como en la rama civil Blanca Colmenares Sánchez, Julia Hernández García, Héctor Macedo García y Juan Manuel Télles Martínez.
La diputada Lilia Urbina Salazar (PRI), vicepresidenta de la Directiva, dio lectura al acuerdo y a los comunicados remitidos por la Jucopo, presidida por el diputado Maurilio Hernández González, y por el presidente del TSJEM y del Consejo de la Judicatura, magistrado Ricardo Sodi Cuéllar.
Conforme al decreto, cada una de las magistradas y los magistrados aprobaron los concursos de oposición y cumplieron con los requisitos de ley establecidos en la convocatoria. Asumirán funciones en fecha a determine el Consejo de la Judicatura, según necesidades del servicio y número de vacantes definitivas.
Con su aprobación, se da cumplimiento a lo señalado en la Constitución Política del Estado de México y en las leyes orgánicas del Poder Legislativo y del Poder Judicial del Estado de México, que establecen como facultad y obligación de la Legislatura aprobar los nombramientos de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
No obstante, hubo inconformidades con el proceso de selección por parte del Consejo de la Judicatura. Interesados en los cargos adujeron ser excluidos, porque se impartió un curso a jueces, al cual no se convocó a juristas externos, y ese curso fue un requisito que sólo pudieron cumplir los jueces. Se interpusieron amparos, por ello el Poder Legislativo no podía terminar el proceso de nombramiento.
