*Castigarán con severidad tráfico de influencias. *Quitarán bienes a corruptos.
De la redacción
Tres años después de estar funcionando el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, y a pesar de que el INEGI ubica al Estado de México como el del mayor índice de corrupción en el país, no se ha denunciado, ni encarcelado a un solo funcionario por enriquecimiento ilícito.
El diputado local de MORENA, Margarito González Morales, destacó que es un deber de los representantes populares de su partido y de la cuarta transformación vigilar que la ley contra la corrupción sea más rigurosa.
“Desde 2017, cuando entró en vigor el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios no se han instaurado procedimientos penales en contra de aquellos funcionarios públicos que ostentan una riqueza injustificada o a los que se les ha señalado por cometer delitos por hecho de corrupción. Desafortunadamente el Sistema (anticorrupción) ha mostrado poca efectividad”, criticó y desaprobó el legislador.
A nombre de su bancada, González Morales propuso agravar las sanciones por actos de corrupción y aplicarle a los culpables hasta 20 años de cárcel. Sobre todo, para los casos de uso ilegal de facultades y atribuciones y el delito de enriquecimiento ilícito.
Los delitos conocidos genéricamente como “de corrupción” tienen diversas modalidades, y en la actualidad tienen condena de cárcel de entre 12 y 14 años. La propuesta pretende elevarlas 8 y 6 años más, pues el fenómeno “cuesta al país el equivalente al 10 por ciento del producto interno bruto (PIB)”.
La iniciativa es para reformar el capítulo Sexto del Código Penal del Estado de México, que agrupa y enlista los delitos de corrupción, para elevar las multas y años de prisión a los corruptos. Se incluirá como ilícito el incumplimiento de obligaciones institucionales.
El catálogo de conductas sancionables con mayor años de prisión a servidores públicos de todos los niveles abarca al ejercicio indebido de las funciones públicas, su abandono, la coalición para delinquir, abuso de autoridad, intimidación, tráfico de influencia, cohecho, peculado, delitos cometidos por los servidores públicos de la procuración y administración de justicia.
En la sesión presidida por la diputada morenista Karina Labastida Sotelo, González Morales destacó que los ingresos públicos afectados por funcionarios corruptos se pierden, malgastan, no llegan finalmente a las áreas de interés público y no favorecen la inversión pública.
Los bienes obtenidos de la corrupción por servidores públicos deshonestos serán decomisados mediante la figura jurídica de extinción de dominio. Los contratistas ejecutarán las obras o prestarán directamente los servicios, y no podrán subcontratar para que las ejecuten otros, pues cuando se asignen deben garantizar la capacidad para cumplir, por ello si no cumplen podrán ser sancionados con entre 3 y 12 años de prisión y entre mil y 3 mil días de multa, detalla la iniciativa turnada a comisión.
