COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
LA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE REGIDORES Y LA
URGENCIA DE UN DEBATE INTEGRAL DEL ASUNTO
(Primera parte)
La oposición está molesta por la reducción del número de regidores y síndicos de representación proporcional, pero guarda silencio sobre la disminución de los ediles de mayoría. El tema es relevante y rebasa con mucho el puro aspecto del gasto representado por los miembros de los cabildos, aun cuando también el ahorro de fondos públicos es necesario.
De 1982 a la fecha se han hecho reformas al artículo 115 constitucional, tanto para fortalecer sus finanzas como para darle mayor capacidad de gestión para atender los problemas de los gobernados y ampliar la democracia y pluralidad con la figura de regidores de “representación proporcional”.
A 35 años de distancia de haber iniciado este proceso, los objetivos del fortalecimiento de las finanzas y de la democracia en el ámbito municipal se cumplieron, pero no en beneficio de las poblaciones de cada demarcación. Salvo muy pocos casos, la mayor disponibilidad de dinero no se ha traducido en un notorio mejoramiento y ampliación de la cobertura y calidad de los servicios públicos municipales. Despilfarro, improvisación, corrupción, ineptitud, nepotismo, amiguismo y una arraigada concepción patrimonialista del ejercicio del poder no han permitido resolver los problemas como se esperaba desde los primeros años del sexenio de Miguel de la Madrid.
No se formó una clase políticas y gobernante capaz de administrar bien los municipios, con casos extremos en que con frecuencia los alcaldes son estafados como niños por vivales, como ocurrió este año con la entrega de dinero a cambio de falsas promesas de bajar fondos estatales y federales extraordinarios. Ni siquiera denuncian el fraude, para no aparecer como tontos.
En cuanto va de este siglo, gobiernos estatales y municipales recibieron ingresos ordinarios como nunca y simultáneamente endeudaron a los ayuntamientos como jamás se ha visto. Y los ríos de dinero no se tradujeron en mejores condiciones de vida para la población.
La presencia opositora en los cabildos tampoco ha reportado beneficios para las comunidades. Ni siquiera ha sido capaz de detectar y denunciar penalmente los actos de corrupción de los alcaldes del partido mayoritario. Ningún presidente municipal corrupto ha pisado la cárcel por las acciones fiscalizadoras de los regidores de representación proporcional. Mucho menos han denunciado la ineptitud, falta de vocación de servicios de los jefes de los cabildos. En no pocas ocasiones los regidores de oposición apoyan más a los alcaldes en los actos negativos para la sociedad que los de mayoría, y también reciben más privilegios, como se quejan éstos.
Todo esto debe ser el centro de un amplio debate sobre los regidores y los cabildos completos, a la luz de las nuevas exigencias de una eficaz gobernanza en los municipios, donde se presentan, acumulan y pueden y deben resolverse los problemas del país. La reducción del número de regidores atiende sólo un aspecto del problema, por más que ahorrar fondos sea indispensable en estos tiempos de caída en los ingresos públicos y aumento de los problemas.
