*Empresa que dirigía la esposa del director de CONACYT recibió 372 MDP.
De la redacción
Los programas de inversión en investigaciones en ciencia, tecnología e innovación, costeados en países desarrollados en hasta el 70 por ciento por las corporaciones empresariales, en México se efectuaban hasta 2018 por compañías privadas, pero financiadas con fondos públicos.
El caso más notorio por el ejercicio patrimonialista del dinero público fue el de la empresa “Consorcio Centromet”, a la cual el director de CONACYT, Enrique Cabrero le entregó 392 millones de pesos. La dirigía Ana Díaz Aldrete, esposa del funcionario.
Estas transferencias de recursos fiscales a empresas privadas, incluyendo grandes firmas extranjeras, para desarrollar investigaciones científicas, tecnológicas e innovación para sus negocios, representaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto 41 mil 624 millones de pesos.
La cifra equivale al 44 por ciento del presupuesto ejercido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en ese período, y más de 16 mil millones de pesos fueron aportados por algunos de los fideicomisos desaparecidos, informó la directora del organismo, María Elena Buylla.
Desde que se anunció la iniciativa para suprimir esta figura que maneja fondos públicos, grupos beneficiados con esos programas, como deportistas, investigadores, artistas y otros especialistas desplegaron esfuerzos para impedirlo. Sólo para administrar los fideicomisos se gastaban 500 millones de pesos al año.
El gobierno federal, con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, garantizó que los apoyos seguirían llegando directamente con programas de las dependencias que absorberían los fondos de los fideicomisos; no obstante, las movilizaciones continuaron hasta el momento en que la Cámara de Diputados Federal aprobó la iniciativa que los suprimió.
La titular del CONACYT dio ejemplo de la transferencia de fondos públicos, vía fideicomisos y otros programas institucionales para financiar la investigación científica, tecnológica e innovación de grandes empresas privadas, nacionales y extranjeras.
Mencionó a las firmas extranjeras IBM, Intel, Kimberly-Clark, Whirlpool, Volkswagen, Monsanto, Bayer, Honeywell, y a las mexicanas Mabe, y FEMSA Logística (esta empresa tuvo ingreso de 500 mil millones de pesos en 2018). Además hubo inequidad en la entrega de fondos públicos, pues el uno por ciento de los beneficiarios concentró el 40 por ciento de los montos de dinero entregados.
El gasto se ejerció sin transparencia ni rendición de cuentas, sin apegarse a la normatividad y en muchos casos ni siquiera hay constancia de que los proveedores hubieran cumplido con la entrega de lo pagado.
Esos fondos públicos gastados “no se tradujeron en avances importantes en materia de innovación en el sexenio peñista”, según lo sostuvo María Elena Buylla.
El 44 por ciento de los recursos públicos destinados a ciencia, tecnología e innovación se transfirieron a las grandes empresas, mientras la investigación en el sector público absorbió 56 por ciento del total de los recursos presupuestales.
