*La juventud figura entre los grupos vulnerables sin acceso a la vivienda.
De la redacción
Los jóvenes mexiquenses resultan los más perjudicados por la incapacidad de la economía formal para darles ocupación. En estas condiciones, millones se dedican a desarrollar actividades económicas en la informalidad.
Cuatro de cada cinco que laboran; es decir, el 80 por ciento, lo hace en la economía informal, de acuerdo con información de la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, del PVEM.
La economía informal proporciona muchos empleos, pero en condiciones desventajosa para los trabajadores, como lo son los bajos salarios y especialmente la exclusión del sistema de seguridad y protección social.
Mendoza Mondragón expuso la situación desfavorable de la juventud mexiquense al presentar una iniciativa de reformas las leyes estatales de Desarrollo, de vivienda, de la Juventud y a la Ley que Crea el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS).
La representante popular del PVEM destacó que entre las condiciones desventajosas de los jóvenes mexiquense que laboran en la economía informal del Estado figura la imposibilidad de acreditar ante instituciones bancarias y públicas que tiene un empleo, lo cual les impide obtener financiamiento para adquirir una vivienda.
En estas condiciones, advirtió, el derecho humano al acceso a una vivienda digna, por la lógica y dinámica del mercado se convierte en un lujo, fuera del alcance de los grupos vulnerables del Estado, entre los cuales se encuentran los jóvenes, a quienes debe apoyarse con estos cambios legales en la materia.
TESTIGO SOCIAL EN ADJUDICACIÓN DE OBRAS
La diputada local de Morena, Berenice Medrano Rosas propuso a nombre de su bancada reforma al artículo 1.66 del Código Administrativo del Estado de México, para incorporar la figura de Testigo Social en los procesos de adjudicación de contratos para obras públicas.
El cambio buscaría evitar la corrupción, que afecta la ejecución de proyectos de obras públicas, como lo prueban 11 hospitales dejados inconclusos o abandonados por los gobiernos y las constructoras.
