NO ERRADICARÁN AL CRIMEN,
SIN EFICACIA EN LOS ESTADOS
MÁS DE 80% DE LOS DELITOS SON DE FUERO COMÚN
Y DEBEN EVITARLOS Y CASTIGARLOS LOS ESTADOS
Más allá del evidente error estratégico de Felipe Calderón Hinojosa, quien sin información previa sobre el problema sacó al ejército de los cuarteles para combatir a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, y puso al frente de esa lucha a quien formaba parte de la delincuencia organizada, en la persistencia de la inseguridad pública, alta incidencia delictiva y violencia incontenible los gobiernos estatales tienen la principal responsabilidad.
Los homicidios intencionales, secuestros, extorsiones, cobro de derecho de piso, robo a transporte, a transeúntes, trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, son delitos del fuero común, cuya prevención, investigación, persecución y castigo es obligación de los gobiernos estatales.
Esto siempre ha sido así, pero por desconocimiento de la población y, ahora, por la campaña mediática contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se arraigó la falsa creencia de que él es culpable del aumento de estos ilícitos y de la impunidad, cuando no es así. Y a los mandatarios estatales nada les reclaman. No pagan ni el costo en imagen por sus fallas.
Lo más preocupante de las operaciones de los criminales, cada día más deshumanizados, consiste en que los gobiernos de los estados, especialmente las fiscalías generales de justicia y los cuerpos de seguridad de las entidades federativas y municipales, están rebasados en su capacidad para erradicar la inseguridad pública, y en no pocos casos están a su servicio o incluso participan directamente en las actividades delictivas.
Esta realidad fue reconocida y expuesta ante diputados locales, no por opositores a las autoridades, sino por el propio fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, quien por su cargo y responsabilidades, sabe bien de lo que informó nada menos que a la representación popular del Estado.
En diciembre de 2006, cuando Calderón Hinojosa lanzó al ejército a combatir narcotraficantes, justificó su decisión con el argumento de que las policías estatales y municipales estaban rebasadas y penetradas por la delincuencia organizada, pero dijo que se apoyaría a las autoridades locales para dotarlas de capacidad, armamento, adiestramiento, vehículos, mejores salarios, control de confianza, evaluación y tecnología.
A 14 años de ese compromiso presidencial, el problema sigue igual, a pesar de cientos de miles de millones de pesos transferidos por la Federación a los gobiernos de los estados. Y mientras los gobiernos de las entidades no cumplan con su obligación de garantizarle seguridad, paz, protección a vida y bienes de sus gobernados, la situación no mejorará.
