*Indígenas otomíes siguen su lucha contra autopista Toluca-Naucalpan.
De la redacción
Los ex gobernadores Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas y el mandatario actual, Alfredo del Mazo Maza, fueron denunciados por desacato, en una queja administrativas de comunidades indígenas de Huixquilucan, derivados de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está el recurso contra los ex y el actual gobernante, por no haber acatado resoluciones judiciales que ordenaron en su momento suspender la construcción de esa vía de comunicación de cuota, en la cual tienen inversiones Aleática (antes OHL) y el fondo financiero BlackRock, informó Juan Villegas Mejía, representante común de varias comunidades originarias.
La autopista fue inaugurada por el gobernador Alfredo del Mazo Maza el 21 de octubre de este año, a pesar de estar pendiente 7 de los 20 amparos promovidos por comunidades como Ayotuxco, Yamazula, Quistengo, Guiloteapan y pueblos de San Francisco, Santa Cruz y Xochicuautla.
El representante de las comunidades indígenas informó que las autoridades competentes reconocieron la propiedad de los pueblos originarios sobre las tierras afectadas por la construcción de la autopista, concesionada en 2007 por Peña Nieto, quien expropió 750 mil metros cuadrados. Involucran suelo de Toluca, Lerma, Huixquilucan, Naucalpan y Villa del Carbón.
De acuerdo con el representante común de las comunidades indígenas inconformes, no sólo fue la superficie expropiada, sino también están los daños ambientales, por la tala de 700 mil árboles, la destrucción de 140 manantiales, un río subterráneo que alimenta acuíferos de la Cuenca del Alto Lerma, y la devastación del hábitat de la fauna.
La construcción de la autopista demoró 9 años, lo que en explicación del secretario de Movilidad, Luís Gilberto Limón Chávez, elevó el monto de la inversión.
De acuerdo con un análisis comparativo de “El Espectador”, la inversión final representó un aumento del 120 por ciento sobre el monto inicial, y se traducirá en altas tarifas y un plazo mayor de la concesión.
Los recursos presentados ante la SCJN son por omisión y desacato a mandatos judiciales por parte de los dos exgobernadores y el actual gobernante mexiquense, para quienes las comunidades indígenas piden juicio político.
