*Subcontratan empresas 4.6 millones de asalariados. *Dialogan gobierno e IP.
GABRIEL L. VILLALTA
La reforma laboral aprobada y puesta en marcha por Felipe Calderón Hinojosa, pero profundizada por Enrique Peña Nieto implantó en la práctica una nueva modalidad de esclavismo en pleno siglo XXI: el outsourcing, sistema en el cual el trabajador es concebido como mercancía, sin derechos laborales.
Estas empresas tienen a su servicio un ejército de 4 millones 600 mil mexicanos, alquilados a terceras empresas, con quienes los subcontratados no tienen relación laboral, aunque para ellas desarrollen actividades económicas.
Por eso mismo, no les pagan directamente, tampoco les otorgan prestaciones ni, mucho menos, les reconocen antigüedad, derechos al reparto de utilidades o a sindicalizarse. Y representan casi el 25 por ciento de los afiliados al IMSS.
Un estudio realizado y difundido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) puso al desnudo esa realidad, y sirvió de base para justificar los objetivos de las iniciativas de reformas a las leyes del Trabajo, Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) del IMSS, del Infonavit y al Código Fiscal de la Federación, presentadas a la Cámara de Diputados Federal. Busca terminar con esta forma de explotación, proteger los derechos de la clase laboral y terminar con la evasión fiscal.
Las cúpulas empresariales iniciaron conversaciones con el gobierno para eliminar los cambios legales que pueden propiciar excesos en el control del “Outsourcing”, pero expresaron su apoyo a la lucha contra la corrupción, la evasión fiscal y el fin de la violación a los derechos laborales.
El “Outsourcing” es un modelo de empresas que contratan personal, pero no desarrollan actividades productivas, ni tienen infraestructura para producir. Su lucrativo negocio consiste en rentar a esos trabajadores a otras empresas, a quienes cobran mucho más por proporcionarles personal y, al mismo tiempo, liberarlas ilegalmente de sus obligaciones patronales, según la investigación de la citada dependencia federal.
Los dos últimos gobiernos federales adicionalmente permitieron violaciones a las legislaciones laboral, fiscal y las del sistema de seguridad social, pues aun la reforma neoliberal del trabajo prohíbe a una empresa contratar a otra compañía personal para desempeñar tareas permanentes para el cumplimiento del objetivo social de cada una: pero lo hacía y hacen.
La propia secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa Mará Alcalde Luján explicó está forma de nueva esclavitud de trabajadores al servicio de subcontratadoras, pero asignados a otras compañías: no los registran al IMSS, ni al Infonavit, y cuando lo hacen los inscriben con el salario mínimo, aunque ganen más, con consecuencias desastrosas papara los asalariados.
Los afectan en sus ahorros y monto de sus futuras jubilaciones y créditos para vivienda; anulan su derecho a crear antigüedad, a participar en las utilidades de las empresas en que laboran, porque para efectos legales no son su personal, sino de las “Outsourcing”. Todo esto se corregirá con las reformas.
