*La DEA también verá afectada su imagen por obtener ilegalmente pruebas.
De la redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) enfrentará un reto descomunal para integrar la carpeta de investigación en contra del extitular de la SEDENA, general Salvador Cienfuegos Zepeda, porque los cargos que le formuló la justicia estadounidenses se basaron en testimonio de presuntos delincuentes presos o testigos protegidos en Estados Unidos.
Expertos en estos temas comentaron a “El Espectador” que también está la circunstancia de las grabaciones de llamadas telefónicas atribuidas al militar con integrantes de la delincuencia organizada. Si de verdad fueron obtenidas ilegalmente, como dicen algunas “filtraciones”, esas pruebas no tendrán valor jurídico, según la legislación penal mexicana, explicó Tadeo Sosa Granados.
Otros expertos consultados coincidieron en señalar que más allá de si el exsecretario de la Defensa Nacional es inocente o culpable, si fuera lo último, lo difícil en extremo será acreditar su culpabilidad.
Hasta donde se sabe, algunos de los testigos protegidos que acusaron al general en Estados Unidos no aceptarán venir a México a rectificar y ampliar sus imputaciones, lo cual será un obstáculo casi insalvable, porque “la FGR se vería obligada a tomar sus declaraciones en ese país, mediante los consulados, y eso no permitiría un proceso rápido y sencillo”, explicó el entrevistados.
“En el supuesto de que la Fiscalía General de la República de verdad quiera esclarecer el caso y determinar si ejerce o no la acción penal contra el general Cienfuegos Zepeda, recabar o verificar las pruebas entregadas por Estados Unidos será extremadamente complicado, pues hay sospechas de que fueron obtenidas ilegalmente, en grabaciones de llamadas telefónicas no autorizadas por los jueces, por ello y para efectos probatorios es como si no existieran”, comentó en su turno Gilberto Salas Navarrete, abogado postulante.
Señaló que “la misma DEA puede ver afectada severamente su imagen y credibilidad, si investigó e intervino líneas telefónicas ilegalmente, porque eso reflejaría que viola las leyes mexicanas o, peor aún, que inventa cargos”, concluyó.
