*El general Cienfuegos presuntamente delinquió en México, no en USA.
De la redacción
(Primera parte)
En el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, la relevancia del personaje y las circunstancias de su detención y liberación mediante un procedimiento inédito, acapararon válidamente la atención de los medios informativos mexicanos y estadounidenses.
Empero la estridencia mediática hizo olvidar un grave problema de fondo: la prepotencia imperial de Estados Unidos, que se arroga la facultad de darle jurisdicción extraterritorial a sus leyes e instituciones, alertó Julio Dimayuga Herrera, estudioso del tema.
Los países de América Latina consienten esta grave situación, por su debilidad militar y económica frente a la potencia norteamericana, pero “eso no quiere decir que esa posición no viole tanto leyes internacionales como soberanías nacionales”, explicó el académico de la UNAM.
Eso fue justamente lo que sucedió en el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda: la Fiscalía estadounidense lo acusó de cuatro cargos graves, pero los presuntos delitos los habría cometido en México, por lo cual aquí debieron investigarse desde un principio, no allá.
Estados unidos no tiene derecho a aplicar sus leyes y darles jurisdicción a sus instituciones en otras naciones, pero lo hace por la prepotencia y soberbia imperial. “Sus gobiernos jamás permitirán que un estadounidense que comete delitos allá sea juzgado por las leyes y tribunales de México, Argentina, Brasil, El Salvador o cualquier otro país latinoamericano”, recalcó Dimayuga Herrera.
La historia de las relaciones de Estados Unidos con América Latina ha sido la de la intervención del primero en nuestros países, ya sea aplicando sus leyes en forma extraterritorial, organizando golpes de estado o interviniendo militarmente, de lo cual Panamá es el ejemplo más reciente, precisó.
Recordó que en diciembre de 1989 más de 26 mil soldados estadounidenses de élite, apoyados por cazabombarderos y buques militares invadieron y ocuparon ese país canalero, donde bombardearon zonas urbanas densamente pobladas y asesinaron a tres mil panameños, la mayoría civiles inocentes, para capturar al general Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico en una clara aplicación extraterritorial de leyes e instituciones de Estados Unidos, violación a la soberanía de una nación y a las leyes internacionales. (Continuará)
