*Incurren en delito y se apoderan de cuotas del ISSSTE. *Meten facturas falsas.
GABRIEL L. VILLALTA
En acciones que pudieran constituir delitos fiscales, gobiernos estatales se quedan con los recursos retenidos a los empleados por el Impuesto Sobre la Renta (ISR). No los entregan al Sistema de Administración Tributaria (SAT).
A la fecha estos gravámenes aplicados a los ingresos de los servidores públicos y en poder de las secretarías de finanzas estatales superan los 70 mil millones de pesos, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de ingresos por un impuesto federal, por ello la no entrega a la citada dependencia, vía SAT, es una irregularidad, y más si los gobernadores los destinaron a gasto corriente o de inversión.
El adeudo (en realidad una ilegalidad fiscal) incluye también cuotas de trabajadores y empleadores al ISSSTE, como son los casos de los empleados del Instituto de Salud del Estado de México, a quien la SHCP de Peña Nieto le perdonó mil 200 millones de pesos.
Las autoridades estatales también retienen el Impuesto Sobre la Renta a los maestros pertenecientes al SEIEM. Los servidores públicos de los dos organismos están afiliados al ISSSTE y les descuentas sus cuotas antes de que cobren sus sueldos.
No obstante, desde hace años esas cuotas no se entregan en su totalidad al organismo federal de seguridad social, y tampoco enteran (así se le dice a la entrega) el ISR al SAT.
El apoderarse del importe de esos impuestos y cuotas de seguridad social es ilegal, pero es tradición la permisibilidad del gobierno federal hacía los estatales, por ello éstos no se inquietan mayormente por la desviación que hacen de esos ingresos federales.
DEFRAUDAN CON FACTURAS FALSAS
De acuerdo con información de la SHCP, hay gobiernos estatales que incurren en defraudación a las autoridades federales, al acreditar gastos con facturas falsas; sobre todo, de bienes o servicios no recibidos, y obras públicas no ejecutadas.
Esto ocurre en la justificación de la aplicación de fondos federales administrados por las autoridades estatales, como son, por ejemplo, el gasto educativo y los servicios de la salud. Tampoco se han fincado responsabilidades por estos delitos.
