*El 52% de la población, sin seguridad social. *Impunidad garantizada de Eruviel.
De la redacción
La desviación de dinero del Seguro Popular a fines desconocidos durante la administración de Eruviel Ávila Villegas, ahora senador de lista, perjudicó a la población más pobres del Estado de México.
Esos recursos eran para comprar medicamentos y construir infraestructura para atender a la población abierta; es decir, la porción demográfica excluida del régimen de seguridad social.
El secretario de Salud y director del ISEM, Gabirel O’Shea Cuevas, hizo revelaciones importantes sobre el desaparecido Seguro Popular, del cual fuera responsable en los primeros 5 años del sexenio federal de Enrique Peña Nieto.
Su información no fue percibida en toda la relevancia por la 60 Legislatura Local, pero con conocimiento de causa denunció el mal uso de los fondos del Seguro Popular por parte de los gobernadores, de lo cual el Estado de México fue un claro ejemplo.
La entidad mexiquense concentra al mayor número de personas sin acceso a la seguridad social en el país: 9 millones 300 mil en estas condiciones, por lo cual su única oportunidad para atender su salud era el Seguro Popular.
A pesar de ello, en un comportamiento inhumano, los fondos federales entregados al gobierno estatal fueron desviados, en perjuicio de esos 9.3 millones de mexiquenses pobres. Los medicamentos no se compraron.
Esta situación fue expuesta por el gobernador Alfredo del Mazo Maza en su primer informe de actividades. Dio a conocer que cuando asumió el cargo el 16 de septiembre de 2017 encontró un abasto de medicinas de apenas el 25 por ciento; es decir, la cuarta parte de lo que debía existir.
Desde entonces no ha vuelto a tocar el tema, y no habrá ninguna consecuencia legal para lo narrado: Ávila Villegas reformó el Código Penal del Estado de México, para que los delitos de corrupción perpetrados hasta el 30 de abril de 2017 no pudieran castigarse.
La trampa consistió en que ese cambio a la legislación punitiva no estableció que los delitos cometidos antes de la reforma debían ser investigados, perseguidos y castigados con las disposiciones vigentes cuando se perpetraron: las penas por los nuevos delitos de corrupción no pueden aplicarse en forma retroactiva, y los anteriores fueron suprimidos.
