*Colaborar en las investigaciones de la “Estafa Maestra”. *No delatará a EPN.
De la redacción
Poco más de 15 meses después de estar en prisión y de mantener su lealtad a su grupo político que gobernó al país entre 2012 y 2018, y ante el abandono del mismo y el riesgo de enfrentar cargos más graves, Rosario Robles Berlanga, ex titular de SEDESOL y SEDATU, decidió ajustarles cuentas a quienes sirvió y la dejaron encarcelada.
Colaborará en las investigaciones para esclarecer los actos de corrupción de la “Estafa Maestra”, esquema con el cual el anterior gobierno federal desvió a cuentas privadas 7 mil millones de pesos, usando universidades, organismos públicos y empresas “fantasma”.
Delatará a gran parte de la cúpula que gobernó y a sus cómplices de la iniciativa privada, pero -adelantó- no imputará al expresidente Enrique Peña Nieto, ni a Miguel Ángel Osorio Chong.
La exjefa del antes gobierno del Distrito Federal, exdirigente nacional del PRD y militante de izquierda por muchos años aguantó estoicamente los rigores de una cárcel en la Ciudad de México y mantuvo silencio sobre sus cómplices en la corrupción y protegió a su jefe, Enrique Peña Nieto.
Negó los cargos, pero sus funcionarios más cercanos la echaron de cabeza, como testigos colaboradores de la Fiscalía General de la república (FGR), y ante lo que su abogado, Epigmenio Mendieta, consideró una traición y abandono de sus amigos, aceptó informar sobre quiénes más participaron y se beneficiaron de la “Estafa Maestra”. “Ni siquiera una llamada le hicieron”, dijo.
El sistema de testigo colaborador, conocido como “criterio de oportunidad”, permite a quienes se adhieren a él beneficiarse con penas menores de cárcel, incluso enfrentar su proceso en libertad, como ocurre con Emilio Lozoya Austin, exdirector general de PEMEX.
La decisión de la ex cuadro de la izquierda mexicana modificará el esquema en el cual se desarrollaban las investigaciones del delito por el que Robles Berlanga está presa, y coloca en alto riesgo de ir a prisión a otros cercanos colaboradores del presidente Peña Nieto y al propio exmandatario, porque sabe mucho de los mecanismos utilizados para dañar al erario público.
De acuerdo con información de Muna Dora Buchahin, exdirector general de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (en el próximo número de “El Espectador” ampliaremos sus revelaciones), el daño patrimonial ocasionado al erario por la “Estafa Maestra” no fueron por 7 mil millones de pesos, sino por 20 mil millones de pesos e intervinieron en esas maniobras para desviar fondos públicos más de 50 altos funcionarios.
