COMBATIR CORRUPCIÓN EN EL
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
FRACASARÁ COMBATE A CORRUPCIÓN SI NO SE DA
SIMULTÁNEAMENTE EN ESTADOS, COMUNAS E IP
Más de 30 millones de mexicanos votaron en junio de 2018 por prevenir, castigar y erradicar la corrupción en el sector público, ese cáncer de efectos perniciosos y multiplicadores en agravio de la comunidad nacional, excepto los funcionarios públicos corruptos y grandes empresarios coludidos para dañar, con diversas formas, las finanzas públicas y el patrimonio del país.
Dos años después de iniciado un sexenio comprometido a terminar con la corrupción, ha quedado claro que ese objetivo estratégico se frustrará si la lucha se limita a los poderes federales, sus organismos auxiliares y autónomos, pero se excluye a los gobiernos estatales y municipales y al reducido, pero poderosísimo grupos de grandes empresarios vinculados y favorecidos ilegítima -incluso ilegalmente- por los corruptos poderosos del pasado, especialmente de los primeros 18 años del presente siglo y milenio.
En el gobierno federal es notoria la disminución de los actos corruptos, aun cuando se presentan casos aislados, pero en los gobiernos estatales y municipales; sobre todo, en donde gobiernan PRI, PAN o PRD, los señalamientos de actos de corrupción no cesan, y ahí están presentes empresarios corruptos.
Lo mismo ocurre en un alto porcentaje de los municipios morenistas, incluyendo al de Toluca, en donde el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez implícitamente reconoció que el dinero sucio proveniente de la corrupción policiaca llegaba a alcaldes, síndicos y regidores. Ya es de imaginar cuanto ocurría en las obras públicas, bienes y servicios comprados con sobreprecios.
Las prácticas corruptas siguen en esos dos niveles de gobierno, y llegan al colmo de que los gobernadores utilizan facturas falsas para acreditar la aplicación del gasto federal, recibido como aportaciones, como lo reconoció Francisco García Cabeza de Baca, de Tamaulipas, quien informó que ordenó investigar esta modalidad de corrupción al interior de su administración.
Erradicar la corrupción exige incluir en el combate a los grandes empresarios, pues en todos los quebrantos patrimoniales del país, los estados y los municipios participan inversionistas tanto o más corruptos que los funcionarios con los cuales se coluden para desviar fondos públicos mediante operaciones mercantiles simuladas, el robo de bienes inmuebles, las ventas con sobreprecios de bienes y servicios y la construcción de obras públicas.
Hace 15 años en este espacio de reflexión de “El Espectador” se expuso la certeza de que la forma que había adquirido la corrupción sistematizada debía tipificarse ya como delincuencia organizada. Ya se reformó la legislación penal federal en ese sentido, pero falta hacerlo en los estados.
Empero además, esas leyes deben aplicarse a gobernadores y sus funcionarios, a los acaldes, síndicos y regidores, funcionarios de designación que dañen el patrimonio público y a los empresarios, que en realidad son quienes obtienen más beneficios económicos ilícitos en cada acto de corrupción en el cual participan con servidores públicos. Si no se hace así, seguirá la corrupción.
