*La pura supresión de las JLCyA no es garantía contra la corrupción.
De la redacción
La impartición de justicia laboral por tribunales especializados dependientes del Poder Judicial Federal y de los estados no es garantía absoluta de la erradicación de la corrupción que caracterizó a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, alerta un estudio de la Universidad Obrera de México (UOM).
Por ello, señaló, es necesario establecer una vigilancia desde el principio para impedir el traslado de los viejos vicios de las anteriores autoridades jurisdiccionales del trabajo.
Por su parte, Benjamín Treviño Saucedo, especialista en derecho laboral, advirtió que en los poderes judiciales también hay corrupción, por lo que la justicia del trabajo puede verse afectada por este fenómeno preexistente.
“No debemos olvidar que los actores en los juicios laborales serán los mismos: abogados representantes de los patrones y de los trabajadores, precisamente quienes fomentaban la corrupción en las Juntas de Conciliación y Arbitraje”, alertó el experto.
Recordó que la reforma laboral que dio lugar a la supresión de las citadas Juntas estuvo motivada también por cláusulas del nuevo tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá (TEC-MEC), que busca neutralizar las ventajas comparativas de México, representadas por la explotación excesiva de la mano de obra.
Los bajos salarios reducen costos de producción de los bienes, especialmente de vehículos y autopartes que se exportan a los dos socios y se convierten en competencia desleal, con beneficios para las empresas, pero no para los trabajadores, reiteró Treviño Sauceda.
El estudio de la Universidad Obrera de México también pone énfasis en la importancia de los centros de Conciliación y Registro Sindical, porque tienen la enorme responsabilidad de propiciar la democratización de los sindicatos, una de las viejas demandas de los trabajadores.
Si cumplen a cabalidad con esta responsabilidad aportarán mucho al logro de uno de los frustrados anhelos de la clase trabajadora: contar con instrumentos de defensa de sus trabajadores, de los cuales han carecido en la práctica por la antidemocracia sindical, protegida por las autoridades, señaló la UOM.
En el rubro de la conciliación, advirtió, los Centros de Conciliación deben partir del hecho de que los trabajadores son la parte débil en los conflictos, y no deben olvidar que los patrones aceptan los convenios conciliatorios cuando saben que perderán los juicios; de lo contrario prefieren irse a lo jurisdiccional, para cansar y desalentar a los asalariados, a fin de que desistan de sus recamos de justicia y abandonen los casos. En los acuerdos conciliatorios “los que se sacrifican son los trabajadores”, alertó a UOM.
