*El herbicida está prohibido en Estados Unidos, por sus componentes cancerígenos.
De la redacción
Organizaciones promotoras de una alimentación sana y defensoras del medio ambiente y la salud, culparon al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Villalobos Arámbula, de impulsar el empleo en la agricultura del insumo Glifosato, y expresaron su oposición a la autorización de su uso en el campo mexicano.
El herbicida en cuestión está prohibido en los Estados Unidos por su alta toxicidad y por sus componentes cancerígenos, pero en México se utiliza indebidamente, especialmente en cultivos de alta rentabilidad, como la floricultura.
Villalobos Arámbula fue cuestionado por organizaciones no gubernamentales (ONG) cuando se le nombró para encabezar la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Ambientalistas le atribuyeron propensión a favorecer a las grandes agroindustrias y el cultivo de maíz transgénico, por lo cual acusaron que no reunía idoneidad para un cargo en el gobierno de la cuarta transformación.
No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el funcionario había cambiado su posición. Con todo, en una grabación de una conversación de quien fue titular de la SEMARNAT, Víctor Manuel Toledo, lo mencionó de nuevo como uno de los integrantes del gabinete presidencial que estaba a favor de las grandes empresas industrializadoras de alimentos.
Después de darse a conocer el contenido del discurso de Toledo, organizaciones como la Central Campesina Cardenista (CCC), la Campaña Nacional sin Maíz no hay País y la Asociación Mexicana de Productores de Bioinsumos, exigieron prohibir terminantemente el uso del Glifosato en las actividades agrícolas del país.
Insistieron en que no se trata de una suposición o sospecha, sino de algo científicamente probado: el Glifosato es cancerígeno, y en los países avanzados su empleo está prohibido, porque adicionalmente se infiltra al subsuelo y contamina el agua subterránea de zonas donde se explota para consumo humano mediante pozos.
Las organizaciones ambientalistas y de campesinos recordaron igualmente que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió desde 2018 una recomendación a la SADER para resolver el problema del uso de herbicidas y plaguicidas de alta toxicidad y causantes de cáncer en la población que entra en contacto con estos insumos.
Rechazaron las aseveraciones de que sólo con el empleo en la agricultura de estos herbicidas y plaguicidas pueden elevarse los índices de producción y productividad en el campo mexicano.
