*Sostienen que durante 10 años Alfonso Romo no puede ser empresario.
MAXIMILIANO CASTILLO R
El viernes 4 de este mes “El Universal” sostuvo que el empresario Alfonso Romo no podría regresar a sus empresas durante diez años, porque así lo establece una ley, pues ha sido funcionario público.
El inversionista regiomontano no tiene prohibido dirigir sus empresas o crear otras nuevas. Lo que la ley le impide es firmar contratos para vender bienes o servicios o construir obras públicas del área específica en donde se desempeñó, lo cual es distinto a lo sostenido por ese influyente diario, convertido en opositor al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mentiras como esta y otras mayores se difunden todos los días y a todas horas en los grandes medios informativos electrónicos, donde se exponen falsedades y medias verdades y también augurios de lo peor para el país con la cuarta transformación.
Estas campañas de desprestigio y desinformación iniciaron incluso antes de las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, y se intensificaron en los meses previos a la del 2018, según un seguimiento de “El Espectador” a las políticas informativas y analíticas de los grandes medios informativos impresos y electrónicos del país.
Meses antes de las tres últimas elecciones presidenciales se difundió con insistencia en que si el entonces opositor candidato López Obrador Ganaba, se desplomaría la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se iría hasta los 30 pesos y habría fugas de capitales. Ninguno de esos deseos se cumplió.
Con profusión se informó y comentó en periódicos, noticieros de televisión y radiodifusoras (se dio como seguro) que el tabasqueño se convertiría en dictador y jamás soltaría el poder, porque modificaría la Constitución para reelegirse muchas veces y sometería a los poderes Legislativo y Judicial.
Ya en la presidencia de la República López Obrador modificó la Constitución, pero para que los ciudadanos tuvieran oportunidad de decidir si seguía o abandonaba el cargo; es decir, todo lo contrario a cuanto sostenía la gran prensa.
Además, convirtió en delito grave al fraude electoral; es decir, que tanto la consulta para rectificación o revocación de mandato y la tipificación como grave a las trampas en elecciones son conductas penales que pueden aplicárseles. Un gobernante con vocación dictatorial, jamás haría eso.
Ahora con la pandemia hasta un economista competente, como Rolando Cordera, le entró a la difusión de mentiras. Cuando se habían perdido 800 mil empleos formales, sostuvo en varias ocasiones que ya habían desaparecido dos millones de plazas laborales, el Inegi publicó en estos días datos que lo desmienten. Y así la larga cadena de mentiras que difunden en contra de López Obrador los grandes medios informativos.
