La Legislatura Local mexiquense suprimió el Dictamen Único de Factibilidad (DUF), requisito indispensable para ejecutar proyectos de todo tipo que pueden impactar las condiciones ambientales, de infraestructura urbana y especialmente la disponibilidad del agua.
Las facultades pasarán a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, en los casos de las autorizaciones de grandes proyectos; y a los ayuntamientos, para los de bajo impacto.
El argumento es que la Comisión estatal que atendía estos temas se había burocratizado y había sospechas de corrupción. La medida no está exenta de riesgos de ese vicio y no hay garantías de que se cuidarán adecuadamente las condiciones ambientales y no se permitirá construir fraccionamientos en zonas sin infraestructura de servicios, vialidades, disponibilidad de agua, o que se edifique en zonas de reservas naturales y de recargas de acuíferos o sin posibilidades de proporcionarse los servicios de agua potable y alcantarillado.
Los diputados deben vigilar que no resulte peor el remedio que la enfermedad.
