1-Las aspiraciones de candidatos a diputados federales y locales, y para alcaldes, síndicos y regidores con antecedentes probados de golpeadores, acosadores y abusadores sexuales de mujeres, o que tengan denuncias de incumplimiento de pensión alimentaria o sentencia por delitos intencionales o actos probados de violencia política de género, se verán frustradas porque estas conductas ahora inhabilitan para ser candidato. Eso es algo muy bueno.
2-El problema es que esto podría dar lugar a denuncias sobre actos inventados; sobre todo, como parte del juego sucio en las campañas electorales. Esto es delicado y deben establecerse mecanismos que prevengan que estos cambios se conviertan en herramientas para descarrilar las candidaturas de ciudadanos ejemplares.
