*En el más barato, cobraban $77 mensuales por preso. *Exhibe AMLO el saqueo.
De la redacción
Felipe Calderón y Genaro García Luna utilizaron la construcción de penales como un mecanismo más para el saqueo del erario por parte de sus amigos. Les adjudicaron contratos para 9 cárceles por un período de 20 años y un total de 262 mil millones de pesos. Este año se pagarán casi 16 mil millones.
El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió estos contratos leoninos, cuyas cláusulas son una traición a las finanzas federales, por los abusos. La empresa más voraz cobra mensualmente casi 193 mil pesos mensuales por cada preso, llamados ahora “personas privadas de su libertad”. Es decir, cada reo nos cuesta a los contribuyentes 2 millones 308 mil pesos al año.
La empresa menos voraz cobra nada más 76 mil 770 pesos cada mes, equivalentes a 921 mil 103 pesos al año. Uno de los dueños de estos penales es también propietario de uno de los medios informativos que más atacan al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Estos atracos legales, disfrazados de contratos y autorizados por Felipe Calderón y Genaro García Luna, se entregaron sin licitaciones; es decir, sin concursar los proyectos. Por la contraparte firmaron Gonzalo Villagrán, Arturo Sosa y Antonio Villarreal.
Los penales se ubican en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos (para mujeres), Michoacán y Coahuila. El caso extremo es el de Morelos, donde el gobierno paga mensualmente por cada presa 6 mil 412 pesos diarios; es decir casi 200 mil pesos mensuales, cantidad más de 60 por ciento superior al sueldo del presidente de la República.
El tabasqueño anunció que se buscará llegar a acuerdos con los empresarios beneficiados por Calderón Hinojosa con estos contratos, para reducir los pagos. En caso de no encontrar buena disposición, adelantó, se cancelarán y se presentarán demandas civiles, incluso penales.
LAS CLÁUSULAS, ROBO EN DESPOBLADO
Las cláusulas de los contratos constituyen un verdadero robo en despoblado. El gobierno debe pagar como si el penal estuviera ocupado al ciento por ciento de su capacidad, aunque haya la mitad o menos de presos.
Por si fuera poco, a diferencia de las obras concesionadas -como era antes el caso de las carreteras- que al terminar los contratos pasan a manos del gobierno, en este caso esos penales seguirán perteneciendo a los particulares, y si el gobierno quiere seguir utilizándolos, deberá seguir pagando como lo hace desde el primer día.
