*Necesitará autorización legislativa para transferir fondos entre programas.
De la redacción
La representación popular mexiquense establecerá mayor control del gasto público estatal, y especialmente de las transferencias de fondos de un programa a otro.
Cambios al Código Financiero del Estado de México (parte del paquete de leyes fiscales), prohibirán la discrecionalidad en la transferencias de fondos aprobados para un programa a otro.
A este tipo de reacomodos presupuestales se le conoce como “traspaso interno”, porque son movilizaciones de fondos dentro de los programas que administra el Poder Ejecutivo.
Este año estas transferencias no podrán rebasar el 23 por ciento del monto del programa. Si se necesita rebasarlo, el gobernador Alfredo del Mazo Maza tendrá que obtener autorización del Poder Legislativo.
Para ello debe proporcionar información suficiente y convincente sobre la necesidad, conveniencia y utilidad social del traspaso de fondos de un programa a otro.
Es decir, el mandatario ya no tendrá la facultad de hacer transferencias internas por un porcentaje mayor al establecido en el Código Financiero del Estado de México. No habrá ya discrecionalidad en esto.
Menos márgenes de maniobras presupuestales tendrá el Poder Ejecutivo para hacer los llamados “traspasos externos”; es decir, fondos transferidos de un capítulo de gasto a otro, y que a partir de este año no podrán exceder del 3 por ciento del monto de los fondos involucrados.
Si se trata de un porcentaje mayor, sólo podrá hacerlo el titular del Ejecutivo si expresamente se lo autoriza el legislativo, al cual debe convencer de la utilidad institucional y social de la medida.
APOYO A EXCARCELADOS VÍCTIMAS
Las comisiones unidas que examinan el paquete fiscal incluyeron en su dictamen de la Ley de Ingresos Municipales a quienes sean amnistiados, como sujetos merecedores de los beneficios que se otorgan a grupos vulnerables en el pago del Impuesto Predial y el Agua Potable; es decir, tendrán derecho a los descuentos otorgados por los gobiernos municipales.
Se trata de las personas privadas de su libertad injustamente, con cargos falsos, y quienes al ser liberados por la figura de amnistía estarán sin trabajo, ni ingresos.
