TOMARON AL PAÍS COMO BOTÍN
PARA REPARTIR ENTRE CUATES
LA CORRUPCIÓN ALCANZÓ NIVELES INCREÍBLES
Mantener una mujer presa en el penal federal femenil de Morelos le costó el año pasado al gobierno de la República 6 mil 412 pesos diarios, equivalentes a 192 mil 349 pesos mensuales y 2 millones 308 mil anuales, un 70 por ciento más de lo cuánto gana en el mismo período el presidente de la República, responsable de conducir los destinos del país.
Esa cárcel es de propiedad privada, a cuyos dueños y los de otros ocho reclusorios el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, adjudicaron sin licitación contratos para 20 años, por un monto de 266 mil millones de pesos, de los cuales en 2020 se pagaron 15 mil 563 millones, en números redondos.
Para dar una idea del nivel del saqueo al erario mediante los penales debemos tener como referencia el ingreso de los trabajadores de salario mínimo: para reunir lo que se paga a los dueños de la cárcel femenil citada por una reclusa al día, el asalariado debe laborar 45 días y dedicar su paga íntegra para reunir la suma en cuestión.
La corrupción gubernamental ha existido desde la colonia, pero se agudizó durante el período neoliberal de entre 1982 y 2018, y particularmente en este siglo con los gobiernos del PAN, para alcanzar niveles inimaginables durante el sexenio de Enrique Peña Nieto del PRI, en el cual el caso como el del penal federal femenil de Morelos fue la norma, no la excepción.
El fenómeno corrupto y corruptor se expresó en una concepción del país como el botín a repartir entre la plutocracia mexicana, a la cual sirvieron los presidentes de la República casi en exclusiva, pues fueron convertidos en rehenes para autorizar el saqueo del erario público y del bolsillo de los mexicanos en los casos de las concesiones.
No más de 12 mil grandes empresarios nacionales y extranjeros acrecentaron sus respectivas fortunas mediante el tráfico de influencias y de contratos para prestación de servicios con excesivos sobreprecios, de lo cual el cobro al gobierno de 6 mil 412 pesos por día para mantener presa a una mujer en un penal particular es la mejor prueba.
La otra aportación al fenómeno de la corrupción por parte de los gobiernos neoliberales fueron las concesiones de autopistas, en telecomunicaciones, de gasoductos para la CFE y los mismos penales, examinados aquí. Antes el sistema concesionario tenía plazos. Una carretera de cuotas se entregaba para su explotación por determinados años y, al cumplirse el lapso, la autopista pasaba sin costo alguno al gobierno.
Así ocurrió con las autopistas México-Cuernavaca-Iguala, la México-Querétaro y muchas más. Ahora los concesionarios son favorecidos con prórrogas para explotar a los usuarios, incluso antes de que las obras sean inauguradas y esa ampliación del plazo da las concesiones el carácter de a perpetuidad, como ocurrió con las concesionadas a HIGA, OHL y a la familia Peñaloza. Esto no ocurría. Pero en los penales se llegó al abuso de que cuando venzan los contratos las instalaciones seguirán siendo de particulares.
