*Lo investigaba desde 2013: lo detuvo 2019. * Ir a peritaje internacional: FGR.
De la redacción
Tres sorpresas dio a los mexicanos el caso del ex secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda: su captura en Estados Unidos, su devolución a México, y la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR) de no vincularlo a proceso; y todo, en 3 meses.
Ahora existe la controversia entre la FGR y la DEA. La primera sostiene que las pruebas contra el general no tienen sustento, mientras la segunda insiste en que su acusación es contundente. Ante esto, el fiscal Alejandro Gertz Manero se dijo dispuesto acudir a un tribunal o peritaje internacional, para dirimir qué parte tiene la razón.
En este desenlace ministerial no hubo sorpresas, porque la mayoría de quienes opinaron al respecto daba por hecho que no sería vinculado a proceso ni, mucho menos, encarcelado. Las razones para adelantar eso eran distintas: Iban desde las que auguraban que el poder del mundo castrense lo impediría, hasta las que de plano veían cargos inventados e imposibles de acreditar en un proceso penal.
Otros aducían que las pruebas fueron obtenidas por agentes de la DEA en forma ilegal, sin la autorización de un juez mexicano, ni haber informado al gobierno de nuestro país, por lo cual no podían ser tomadas en cuenta, independientemente de si el acusado era culpable o inocente.
La DEA demoró mucho en sus investigaciones e integró mal expediente, el cual fue enviado a México y en donde se asentó que las investigaciones comenzaron en el año 2013; es decir, meses después de que el general Cienfuegos Zepeda asumiera la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con Peña, en tanto la orden de aprehensión la dictó la Corte hasta 2019, ya en el sexenio lópezobradorista.
En el comunicado de prensa de la FGR no se alude a las investigaciones ilegales, ni a la demora en actuar; sobre todo, porque en marzo del año pasado el ex miembro del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto visitó Estados Unidos, sin ser detenido.
Lo que quedó claro es que la DEA violó las leyes mexicanas al realizar investigaciones que no debía efectuar en México. Tampoco pidió la extradición de Cienfuegos Zepeda. La FGR no encontró un aumento patrimonial del general que hiciera suponerlo producto de sobornos de la delincuencia organizada, por ello no ejerció acción penal en su contra.
