México no está considerado en la lista de paraísos fiscales, como se entiende el concepto de manera popular, pero durante los gobiernos neoliberales lo fue de facto.
Los presidentes de la República y sus secretarios de Hacienda les perdonaban impuestos a los dueños de la riqueza en México, sin discriminar si se trataba de fortunas locales o extranjeras, ni mucho menos por su procedencia.
Una vez alcanzado cierto nivel de riqueza, el gobierno garantizaba el acceso a los privilegios para no pagar impuestos, de modo que los grandes corporativos -a diferencia de los medianos empresarios, profesionistas y empleados- dejaban de cubrir sus contribuciones e incluso se les devolvían cuantiosos recursos..
También se les permitía acreditar gastos con facturas falsas de empresas “fantasma” y no asumir sus responsabilidades patronales frente a sus trabajadores, porque contrataban a empresas para que les proporcionaran personal, violando el derecho a la antigüedad, al reparto de utilidades. De hecho Hacienda dejaba correr plazos para no poder cobrar impuestos, y después de siete años, por Ley, ya no podía reclamarlos (esto significa, además, un mecanismo transexenal que involucró a los presidentes del PRI y el PAN lo últimos cuatro sexenios, por lo menos).
Todo esto convirtió a una nación de más de 120 millones de habitantes, la mayoría pobres y sin acceso a los servicios más básicos, en un paraíso fiscal donde las grandes fortunas se multiplicaban a costa de los ingresos públicos. Con la 4T, la situación se terminó y por eso están muy enojados los grandes empresarios.
