*Concesiones mineras representan 60% del territorio nacional: no se explotan.
De la redacción
En los últimos 30 años los gobiernos neoliberales concesionaron a empresas particulares el 60 por ciento del territorio nacional: 120 millones de hectáreas, extensión superior a las de naciones como Egipto, Bolivia, Nigeria, Chile, Colombia y Venezuela. Y sólo un porcentaje reducido se explota.
En un período de 30 años, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto, se concesionaron a compañías mineras nacionales y extranjeras 120 millones de hectáreas: más la mitad de la superficie total de la República, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para dar una idea de cuánto significa esto, basta recordar que el país destina a la agricultura 27 millones de hectáreas, de las cuales 20 millones son de temporal y 7 millones, de riego.
La extensión territorial entregada a las empresas mineras representa 600 por ciento más que las hectáreas del antes llamado “gran reparto agrario” del presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien entregó en beneficio de un millón de campesinos sólo 18 millones de hectáreas.
Esas concesiones mineras superan 4 veces la superficie destinada a la producción de alimentos agrícolas, de acuerdo con un análisis comparativo de “El Espectador” a la información estadística del mandatario.
La desmesura en los beneficios a empresas privadas en contra del interés general del país llegó a tanto que esas concesiones mineras incluyen suelo de propiedad social y de la pequeña propiedad, detalló el presidente López Obrador, al referirse al tema de las actividades mineras.
Además, muchos ejidatarios, comuneros y parvifundistas ni siquiera saben que el subsuelo de sus parcelas y tierras de la pequeña propiedad están concesionadas a particulares.
ESPECULABAN CON CONCESIONES
La descomunal superficie concesionada a las compañías mineras no tiene precedente ni en la larga dictadura de Porfirio Díaz, y desconcierta que se trate del 60 por ciento del territorio nacional. La explicación está en que utilizaban los títulos de concesión para la especulación financiera, pues la autorización para explotar minerales era considerada parte de los activos de esas corporaciones nacionales y extranjeras.
Reformas legales establecieron (lo cual no saben ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios) que la explotación de minerales tendría prioridad por encima de las actividades agrícolas de los posesionarios de las tierras; es decir, cuando decidieran o les conviniera a las empresas explotar las minas, los campesinos debían dedicarse a actividades fuera del suelo que aprovechaban. Estas condiciones siguen vigentes, sin que lo sepan los potenciales afectados.
