INCONVENIENTE INDIFERENCIA
SOCIAL FRENTE A IMPUNIDAD
TAMBIÉN HAY INDIFERENCIA INSTITUCIONAL ANTE
DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA ESTATAL DE JUSTICIA
La población mexiquense vive sumida en el miedo por los altos índices de inseguridad pública, violencia y delitos, aún pese a los avances obtenidos el año pasado y la reducción de las actividades económicas formales e informales derivadas de la pandemia de Covid-19. El sistema de justica, que integran la seguridad pública, la procuración y administración de la misma, funciona mal y propicia impunidad, no justica.
Lo evidenció, sin ser esa su intención, sino más bien sin darse cuenta, el presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar, en su primer informe anual, correspondiente al año 2020. Sus datos estadísticos son preocupantes porque exhiben esa realidad.
Empero la sociedad no percibe la dimensión del déficit institucional en el tema, y por ello no se moviliza exigiendo masivamente el fin de la ineficiencia, ineficacia y corrupción prevalecientes en las instituciones judiciales, las cuales garantizan la impunidad y estimulan a los delincuentes organizados e individuales que saben bien que el riesgo de ser detenido, procesado y condenado por sus actividades criminales es mínimo.
Esa falta de percepción sobre la gravedad que significa la ineficacia del sistema de justicia no sólo es de la comunidad estatal, sino también de las principales instituciones del Estado de México, como se observó en la falta de reacción ante la preocupante información proporcionada por Sodi Cuellar.
A su informe asistieron los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y no dieron muestra de haber entendido o, más grave, que les importe la dimensión de la impunidad padecida por la sociedad mexiquense: de 341 mil 277 carpetas de investigación abiertas el año pasado la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sólo obtuvo 3 mil 594 sentencias condenatorias.
Es decir, no recibieron castigo los acusados en 337 mil 683 expedientes penales, algo -al parecer- no percibido en toda su dimensión por los poderes Ejecutivo y Legislativo, porque sus titulares no expresaron preocupación alguna, lo cual agrava el problema, pues si no se conoce o entiende, no puede dársele la solución apropiada.
No se trata aquí sólo de señalar la ineficiencia, ineficacia, incapacidad y la presunta corrupción de la FGJEM, evidenciada por la información dada por el titular del Judicial mexiquense, pues su mal desempeño no sólo se expresó en el reducidísimo número de sentencias condenatorias obtenidas, sino también en la integración de las carpetas de investigación judicializadas: de las más de 341 mil iniciadas sólo se presentaron a los jueces 15 mil 364.
Esta grave realidad debe solucionarse, para lo cual es urgente conocer los motivos de esta ineficiencia y erradicarlos. Lo que no debe continuar es la indiferencia e inactividad institucional frente a la problemática que agravia a la comunidad estatal.
