*Mucho dinero de particulares a partidos hará más difícil fiscalizarlo.
De la redacción
En el proceso de 2012 para elegir presidente de la República el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) dictaminó que el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, no alcanzó el tope de gasto de campaña. Se quedó por debajo.
Por el contrario, quien rebasó ese techo de gasto, según el organismo, fue el abanderado del PRD, Andrés Manuel López Obrador, por lo cual le aplicó una multa a ese partido. Ni una, ni otra resolución fue creíble.
El año pasado Emilio Lozoya Austin reveló a la Fiscalía General de la República (FGR) que él personalmente recibió millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, para destinarlos a la campaña del mexiquense. Esos fondos ilegales y su aplicación no fueron nunca detectados por el IFE.
Lozoya Austín delató que también recibió dinero que utilizó la campaña electoral del candidato del PRI a gobernador del Estado de México, el ahora mandatario Alfredo del Mazo Maza. Este dinero tampoco fue descubierto en la fiscalización. Nadie ha desmentido los señalamientos de quien fue poderoso director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y en un tiempo hombre cercano de Peña Nieto.
Ambos casos ilustran claramente la falta de capacidad técnica de los organismos electorales para cumplir con su obligación de evitar el ingreso y uso de dinero ilegal en las campañas de los partidos políticos y para detectar y castigar el rebase de los topes de gasto de campañas.
Los partidos encuentran y ponen en funcionamiento mecanismos para gastar en campañas más recursos económicos de los permitidos por la ley, sin el riesgo de ser detectados y sancionados, con lo cual introducen la inequidad en las contiendas comiciales, justamente lo que se buscó evitar con sucesivas reformas electorales y con el sacrificio fiscal para financiar con fondos públicos las operaciones ordinarias, específicas y de búsqueda del voto de los partidos, para que no recurrieran al apoyo ilegal de intereses particulares.
Ahora, en el actual proceso para elegir diputados locales y miembros de los ayuntamientos, la tarea fiscalizadora se dificultará en extremo para el Instituto Electoral del Estado de México, porque los particulares podrán donar a los partidos fuertes sumas de dinero y apoyo en especie. Hasta un millón 428 mil podrá aportar una persona a una organización política este año, y el financiamiento privado podrá ser igual al público.
Esto exigirá de los entes fiscalizadores una gran capacidad técnica, tecnológica y, sobre todo, una firme voluntad para actuar con imparcialidad y aplicar rigurosamente la ley en este tema, lo cual no han hecho hasta ahora.
