*No sólo eran Kamel Nacif Borge y Jean Succar Kuri, sino también políticos.
De la redacción
Numerosos grupos feministas exigen justicia plena para la periodista y escritora Lydia Cacho, víctima de abuso de poder y torturas por órdenes del exgobernador de Puebla y ahora preso en Cancún, Quinta Roo, Mario Marín.
La directamente agraviada sostiene que el exmandatario poblano debe ser castigado a no menos de 20 años, y en su apoyo, grupos organizados contra la violencia de género demandan ampliar el ejercicio de la acción penal en contra de quienes integraban la red de violadores de niñas y niños, de la cual Succar Kuri y Nacif Borge, sólo eran las cabezas visibles.
El empresario textilero, conocido como “el rey de la mezclilla” tiene orden de aprehensión y enfrenta un juicio de extradición a México. Huyó y está refugiado en Líbano.
En Cancún, en el mismo penal en que recluyeron a Mario Marín, se encuentra también Jean Succar Kuri, porque fue en ese destino turístico del Caribe en donde Lydia Cacho fue detenida y traslada a Puebla por la policía de ese estado que gobernaba el primero.
Las feministas recuerdan que la red de pederastas estaba integrada igualmente por poderosísimos políticos del año 2005, cuando la periodista los reveló en su libro “Los demonios del Edén”.
No obstante, todas las acciones penales están limitadas a los nombres de Kamel Nacy Borge, Jean Succar Kuri y Mario Marín, mientras la investigación de Lydia Cacho, convertida en libro, dio pelos y señales de los políticos influyentes que violaban niñas y niñas.
Nacif Borge era tan poderoso que en una conversación grabada del “rey de la mezclilla” y el entonces líder del Senado, Emilio Gamboa Patrón, y difundida profusamente, el multimillonario textilero le ordenó bloquear una iniciativa de ley que hubiera perjudicado sus intereses personales.
“No te preocupes, papá”, le contestó el legislador, uno de los principales operadores políticos de Carlos Salinas de Gortari. Y agregó: “esa chingadera no pasará en el Senado”.
Eso da una idea del descomunal poder económico y político de los integrantes de la red de pederastia. Las feministas piden que todos sean llevados a la justicia, por los graves delitos que perpetraron contra niñas y niños.