*Los casos de “Grupo Imagen” y “El Financiero”, claros ejemplo de ello.
De la redacción
(Primera parte)
El año pasado Olegario Vázquez Aldir le cobró al gobierno de la cuarta transformación 4 mil 105 millones de pesos por concepto de albergue y alimentación de 3 mil 039 presos en sus cárceles de Durango y Michoacán; es decir, un millón 360 mil pesos al año por interno, según información oficial.
La suma anual la cobrará hasta el 2032, sin importar si las cárceles tienen o no presos, ni si están ocupadas al 10, 20, 30 ó 40 por ciento, porque así se comprometieron en 2010 Felipe Calderón Hinojosa y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos.
Invirtió 4 mil millones de pesos en los reclusorios, y en dos años recuperó la inversión, y a diferencia de otras obras concesionadas, como las autopistas, en estos casos nunca cederá sin costo las instalaciones al gobierno.
Cuando venzan los contratos, adjudicados directamente, sin licitación, las cárceles seguirán siendo del dueño de “Excelsior” y “Grupo Imagen Multimedia”. Y si el gobierno de entonces no desea seguir alquilando los penales o no acepta las condiciones que le pongan, tendrá que desalojar a todos los presos y dejar libres las instalaciones.
Los especialistas en el mundo empresarial, económico y financiero consultados por “El Espectador” sostienen que Vázquez Aldir fue el empresario consentido de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, como su padre Olegario Vázquez Raña lo fue del de Vicente Fox Quesada, cuando con apoyo gubernamental, especialmente de Martha Sahagún, compró “Excélsior”.
Aseveran que ambos son ejemplo del uso de los medios informativos como instrumento para el tráfico de influencia, el acceso a los fondos y bienes públicos, para el enriquecimiento al amparo del poder, y para defender sus negocios con lucro excesivo con los gobiernos, como lo prueba la campaña de ataques al presidente Andrés Manuel López Obrador, por haberle cancelado contratos para obras en el desechado proyecto del NAIM y el anuncio de que se revisarán los contratos de los penales y se le cobrarán impuestos.
Otro caso de medio informativo como arma para negocios excesivamente lucrativos con el gobierno federal es el de “El Financiero”, que examinaremos en la próxima entrega, porque también es ejemplo ilustrador al respecto. (Continuará)
