*En nuestro país, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario; la iniciativa también violaría ese principio.
De la Redacción
Viniendo de la senadora Lily Téllez nada bueno podía esperarse (sin que esto implique misoginia). Absurdo para el Estado de derecho y destructiva para la presunción de inocencia, para la democracia y para los derechos políticos de hombres y mujeres sería modificar la Constitución para inhabilitar y suprimirle sus derechos políticos a votar y ser votado a alguien sea acusado de violador u acosador sexual, sin un proceso penal o una sentencia condenatoria que lo confirme. Resultaría todavía más terrible en una elección presidencial.
De aprobarse la iniciativa de la senadora Téllez, quien llegó al escaño senatorial apoyada por Morena y ahora es su peor crítica, bastaría con que un partido político pagará a falsas víctimas de esos delitos para que acusaran a un candidato favorito para triunfar, éste sería inhabilitado (“incapacitado” dice ella) y generaría las condiciones para que ganara el abanderado del partido que financiara la maniobra.
Y de nada serviría que después se demostrara la inocencia del candidato denostado, pues no se revertiría ni repondría el proceso electoral. Tampoco habría castigo para los conspiradores ni los partidos auspiciadores.
Y si todos los partidos hicieran lo mismo contra los candidatos presidenciales adversarios, sencillamente no habría elecciones, lo cual detonaría una crisis institucionales e ingobernabilidad de incalculables consecuencias.
No solo eso, la iniciativa no solo dañaría las legítimas aspiraciones de los candidatos, pero también de los ciudadanos, hombres y mujeres, quienes se verían privados de potenciales buenos gobernantes y, en cambio, llegarían a los cargos personajes de partidos sin escrúpulos que aprovecharon esta ley para deshacerse de su competencia.
