Los colectivos feministas que estuvieron activos contra Félix Salgado Macedonio debieron enderezar también sus acciones contra el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, porque fue quien presuntamente protegió a Salgado Macedonio, al prohibirle al entonces fiscal Xavier Olea judicializar la carpeta de investigación abierta por la denuncia de una de las presuntas víctimas de violación por el candidato a mandatario de ese estado.
Olea sostiene que el gobernador Astudillo le ordenó archivar el expediente en 2017. Según la versión, resulta sorprendente la decisión, pues enviar a un juez penal la carpeta de investigación no representaba problemas políticos entonces, porque Salgado Macedonio era un ciudadano común y corriente: no ocupaba cargo público.
De haberse judicializado el expediente, el ahora candidato a gobernador guerrerense probablemente hubiera terminado preso y no hubiera existido necesidad de ese movimiento nacional feminista en su contra, y que pese al cual, al no estar inhabilitado legalmente para ser candidato, fue postulado por Morena, con muchas posibilidades de ganar el cargo.
Todo esto se hubiera evitado si no se archivaba hace cuatro años el expediente, la medida ordenada por Astudillo protegió al supuesto agresor de mujeres.
