*Tasa de actos corruptos creció 59.6 % entre 2017 y 2019: Álvarez Nemer.
De la redacción
A tres meses de cumplirse 4 años de creado, el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios no ha acusado penalmente a un solo gobernante, funcionario o político relevante.
Las leyes que le dieron vida fueron aprobadas el 27 de mayo de 2017 y entraron en vigor en los primeros días de junio del mismo año, con un grave vicio de origen: el propio marco jurídico creado o reformado le dio absoluta impunidad al gobernador Eruviel Ávila Villegas y a sus colaboradores.
El mismo manto protector se extendió a todos los servidores públicos de elección popular o de designación de los otros dos poderes estatales, de los municipales y de los organismos auxiliares y autónomos que hubieran cometido delitos hasta el 27 de mayo, como en su oportunidad lo difundió “El Espectador”, en primera plana.
Todos los partidos representados en la Cámara de Diputados Locales, incluyendo Morena, cuyo estandarte es la lucha contra la corrupción, aprobaron por unanimidad el conjunto de leyes para crear el Sistema Anticorrupción, pero especialmente dieron luz verde a la reforma al Código Penal y al Código de Procedimientos en la misma materia, el cual garantizó la impunidad señalada, porque suprimió los delitos de corrupción ya cometidos.
Se estableció que los delitos de corrupción, en cualquiera de sus modalidades, que se hubieran denunciado contra servidores públicos y tuvieran una carpeta de investigación o judicializados, debían desahogarse con las disposiciones de los Código Penal y de Procedimientos Penales anterior, el cual había sido derogado; es decir, no se pueden desahogar, lo cual les da impunidad.
No obstante, los actos delictivos no denunciados, tampoco se podrían denunciar, porque así se estableció. Y aunque los delitos fueron incorporados, incluso ampliado su catálogo en las reformas a la legislación penal mexiquense, por el principio constitucional de la no retroactividad de las leyes, no podían, ni pueden aplicarse a delitos cometidos antes de las reformas.
El entonces gobernador saliente y sus colaboradores no tenían iniciadas carpetas de investigación, ni mucho menos judicializadas, por ello quedaron con impunidad y protegidos, pues el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios no puede actuar contra el ex mandatario mexiquense, ni contra cualquier ex funcionario estatal, municipal o de organismos autónomos y auxiliares de entonces, porque los delitos que pudieron cometer en el ejercicio de sus funciones fueron derogados.
Mientras tanto, de acuerdo con información estadística oficial citada por la diputada local por Toluca, Mónica Álvarez Nemer, entre 2017 y 2019 “la tasa de incidencia de corrupción (en el Estado), que mide la tasa de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por cada cien mil habitantes, mostró un incremento del 59.6 por ciento, al pasar de 21 mil 124 a 33 mil 713”, el mayor aumento en el país.
