COMBATE REAL A CORRUPCIÓN,
ASIGNATURA PENDIENTE AQUÍ
EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEJÓ IMPUNE LA
CORRUPCIÓN PRACTICADA HASTA MAYO DE 2017
En su momento, en este espacio de reflexión institucional de “El Espectador” se examinó la contradicción del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, cuyas leyes expedidas específicamente para prevenir, perseguir y castigar la corrupción de todos los funcionarios en los poderes estatales -incluido el gobernador-, ayuntamientos y organismo autónomos y auxiliares, dieron impunidad a quienes hayan incurrido en actos de corrupción de mayo de 2017 para atrás.
El primer beneficiado con la impunidad fue el entonces Eruviel Ávila Villegas, quien quedó obligado a responder solo por los actos de corrupción perpetrados entre junio y septiembre de ese año, cuando finalizó su sexenio; es decir, durante tres meses y medio, y ya no por los cometidos en los 5 años y 8 meses y medio previos. Así lo aprobaron los diputados locales, incluyendo a los de la minúscula primera bancada de Morena.
La maniobra consistió en derogar del Código Penal del Estado todas las modalidades y tipos de actos de corrupción, y establecer en los transitorios de la reforma a esa legislación punitiva que los delitos de esta naturaleza cometidos antes de entrar en vigor esos cambios, debían tramitarse con las disposiciones del anterior Código Penal, pero sólo en los casos en donde ya existieran denuncias.
No habían denuncias penales contra ningún corrupto antes de la entrada en vigor del nuevo catálogo de modalidades y tipos de corrupción, ni las hubo después aun cuando los niveles del fenómeno eran escandalosos (de lo cual el ISEM era el mejor ejemplo), y todos los delitos y sus autores quedaron impunes. Ese fue el bautizo del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
El combate eficaz y contundente a la corrupción sigue siendo la asignatura pendiente en la entidad mexiquense, en donde incluso el Poder Legislativo no ha querido recuperar la facultad de recibir la manifestación de bienes o declaración patrimonial de los servidores públicos.
Hasta los alcaldes cubren este trámite ante una dependencia del Ejecutivo, la cual revisa y determina si un servidor público aumentó o no su patrimonio más allá de cuanto sus ingresos y capacidad de ahorro le hubieran permitido, ello significa el riesgo de uso político, chantaje y sometimiento de los gobernantes municipales ante el Ejecutivo, dada la información que sobre bienes proporcionan. No hay un solo funcionario público importante preso o siquiera acusado de enriquecimiento ilícito.
La diputada local dio a conocer hace poco que entre 2017, año de entrada en vigor de las nuevas leyes anticorrupción, y 2019 este fenómeno creció en forma exagerada, muy por arriba del promedio nacional, y refleja que el combate a la corrupción no arroja buenos resultados y erradicar ese vicio es una asignatura pendiente en la entidad.
