IMPULSA SENADORA RIESGOSA REFORMA ANTIFÉLIX,
PERO QUE AFECTARÍA DERECHOS CONSTITUCIONALES
JORGE IVAN FRAUSTO LEAL
Con oportunismo, aprovechando el encono de las organizaciones feministas contra el candidato de Morena a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, acusado del delito de violación, la senadora Lily Téllez propuso una reforma para inhabilitar para ocupar cargos de elección popular a los acusados de acoso y violación social, incumpla con la pensión alimenticia y ejerza violencia contra las mujeres.
La senadora, quien ganó el escaño por Sonora apoyada por Morena y ahora es crítica furibunda del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación, trata de que en la práctica se suprima la presunción de inocencia y, sin la intervención de los jueces, la pura denuncia sea suficiente para suprimirle a una persona su derecho constitucional a votar y ser votado, aun en los casos en que los delitos sean inventados.
De prosperar la iniciativa de Téllez se abriría la puerta a la industria de invención de delitos de violencia de género contra los políticos aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; sobre todo, contra los favoritos para ganar una elección.
Se crearía un marco jurídico electoral atentatorio contra las garantías individuales constitucionales de los mexicanos, porque aun con denuncias inventadas, con víctimas inventadas, sin la intervención del Poder Judicial y sin comprobarse el o los delitos, un político quedaría inhabilitado para aspirar a un cargo de elección popular.
Podría llegarse al extremo de que en un momento dado los partidos denunciaran como acosadores, violadores sexuales y golpeadores a los candidatos presidenciales de los otros partidos o coaliciones, con el riesgo no percibido por la senadora sonorense de que no pudieran efectuarse las elecciones presidenciales.
El oportunismo, la ignorancia y la irresponsabilidad no deberían ser características de ningún legislador o legisladora, sin que esto implique violencia de género o misoginia, pues ni hombres, ni mujeres con representación popular deben proponer leyes o reformas que pueden causar más daños del que buscan remediar.
Es claro que un acosador y violador sexual, un maltratador de mujeres no debería ser postulado a un cargo de elección popular, pero tendría que declararlo culpable una autoridad judicial, en un debido proceso, porque de lo contrario la invención de delito se generaría en la lucha interpartidista, con consecuencias desastrosas para la democracia y el estado de derecho.
Lo útil sería que los representantes populares federales y locales impulsaran leyes y reformas para garantizar la atención y tramitación ágil de las denuncias de acoso y violación sexual, maltrato físico, psicológico y económico contra mujeres, para que los culpables fueran sancionados con oportunidad y con esos antecedentes no pudieran ser candidatos a cargos de elección popular, ni de designación, pero sin el riesgo de denuncias por cargos y víctimas inventadas.
