*También afectó imagen de la lucha anticorrupción en el Estado.
De la redacción
Cuando ya parecía olvidado, resurgió el escándalo de la “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto e impacto negativamente al Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, con la vinculación a proceso penal de un alto funcionario de la Secretaría de la Contraloría estatal.
José Gabriel Carreño Camacho, subsecretario de Control y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría mexiquense fue sometido a proceso, ordenado por un juez federal de control. La dependencia es clave en el Sistema Anticorrupción mexiquense, y la vinculación a proceso de su alto funcionario afectará la imagen de la lucha contra ese fenómeno.
Lo acusan de haber sustraído y extraviado deliberadamente el expediente relacionado con la “Casa Blanca”, y sustituirlo con una copia de la versión pública en la cual se omitieron aspectos relevantes de la investigación.
La información fue dada a conocer por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública federal, dependencia en donde Carreño Camacho fue subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contratación Pública.
El caso de “La Casa Blanca”, como se denominó a una mansión de lujos extremos, ubicada en la exclusiva colonia capitalina Lomas de Chapultepec, marcó el inicio del desprestigio del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Su difusión en MVS por Carmen Aristegui y su equipo de colaboradores también tuvo consecuencias negativas en la periodista: fue obligada a dejar su programa de noticias y quedar vetada en las cadenas de televisión durante todo el sexenio peñista, ante la indiferencia de los grandes medios informativos, periodistas, activistas, grupos feministas y colectivos que no defendieron la libertad de expresión.
De la misma forma dio lugar a una persecución política y exilio disfrazado de Marcelo Ebrard, ahora poderoso secretario de Relaciones Exteriores, a quien le atribuyeron falsamente la información de a existencia y propiedad de la “Casa Blanca”, cuando en realidad se conoció el inmueble por una entrevista de Rivera a una famosa revista española, dedicada a exaltar a personalidades, especialmente del mundo de la farándula.
La residencia de casi mil 500 metros cuadrados fue presentada como propiedad de la actriz Angélica Rivera, esposa entonces de Peña Nieto, pero legalmente era de una empresa filial de HIGA, de Juan Armando Hinojosa Cantú, y sigue estando a nombre de la compañía.
El escándalo se suscitó porque Hinojosa Cantú obtuvo contratos para obras públicas por decenas de miles de millones de pesos durante el tiempo en que Peña Nieto fue gobernador del Estado, y eso arraigó la creencia de que fue una especie de pago de soborno al político mexiquense.
