*Empresas de industria eléctrica aceptarán fallo de SCJN sólo si las favorece.
De la redacción
Naucalpan, Mex.- La industria eléctrica es materia de seguridad nacional debido a su importancia para el desarrollo nacional y su naturaleza estratégica. Su regulación no sólo representa la aplicación de la rectoría del Estado Mexicano en la economía, sino también el ejercicio de su facultad soberana para legislar en favor del interés superior. Es un tema de seguridad nacional.
En este sentido, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, cuya vigencia fue suspendida por resoluciones de jueces, atañe a esa facultad, advirtió Leonel Robles Cevallos, jurista y académico de la UNAM, al comentar la suspensión provisional de los efectos de esa reforma, promulgada el 9 de marzo por el Poder Ejecutivo Federal.
El especialista explicó que “contrariamente a cómo piensa el común de las personas, una suspensión provisional del o los actos reclamados no equivale a una sentencia en un juicio de amparo, como tampoco lo es la suspensión definitiva, pues la interrupción de los efectos de una ley es temporal, mientras no se resuelve el fondo del asunto”.
En este sentido, dijo, “debemos esperar la sentencia judicial del fondo de los amparos, pero puede adelantarse que el asunto sobre el cual resolverá al final la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque hasta allá llegará el litigio de las empresas contra el Estado Mexicano, será si México puede o no legislar de acuerdo con las conveniencias de su población, en ejercicio de su facultad de país soberano, como lo establecen los artículo 27 y 39 constitucional”, subrayó.
EMPRESAS ACATARÁ FALLO, SI LES FAVORECE
Robles Cevallos consideró reprobable la posición de la Cámara Internacional de Comercio México (en inglés, “International Chamber of Commerce”), cuyo presidente, Claudio von Wobeser, adelantó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara constitucional los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica acudirán a tribunales internacionales.
“No aceptarán un fallo del máximo tribunal mexicano, si no los favorece. Ello constituye una adelantada posición de rebeldía y desconocimiento de nuestras leyes e instituciones, sus resoluciones y al estado de derecho mexicano, como la adoptada por las petroleras ante los fallos en su contra en 1938, que ocasionó la expropiación petrolera por el presidente Lázaro Cárdenas. Eso es lo que está en juego”, concluyó.
