Macario Lozano R.
Tal vez en ningún otro país del mundo los gobiernos firman contratos contrarios al interés de su población como lo hizo Enrique Peña Nieto en materia de energía eléctrica.
Comprometió a la Comisión Federal a paralizar la mitad de sus plantas generadoras de energía eléctrica durante 20 años, para comprar la producida por empresas particulares, nacionales y extranjeras. Además, entregó subsidios, grandes subsidios a las compañías que se suponía eran sus competidoras.
Por esa vía el erario transfirió a las generadoras de energía eléctrica 437 mil millones de pesos de 2013 a la fecha, pero además, a los contratos les faltan 18 años de plazo, y los debe cumplir el gobierno de López Obrador.
Por si fuera poco, las inversiones en plantas productoras de luz fueron financiadas por el propio gobierno, mediante la banca de desarrollo; es decir, tampoco trajeron capital foráneo. Los contratos obligan también a CFE a no cobrarle a las empresas privadas por el uso de la red eléctrica para conducir y distribuir el fluido eléctrico. Parece increíble, pero así es.
Y ahora que se reformó la Ley de la Industria Eléctrica, las compañías privadas pidieron amparo con el argumento de que se está atentando contra la “libre competencia”. Esa no es libre competencia, es saqueo del erario.
