*La panista resulta incómoda para los planes que el actual mandatario tiene para su proyección política.
De la Redacción
En este espacio adelantamos hace varias semanas que la candidata del PAN a gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, no podría salir bien librada de la acusación penal por actos de corrupción, específicamente, el delito de cohecho.
No es que hubiéramos jugado al adivino, sino que sabemos que el delito de cohecho se prueba con documentos, y en este caso el gobierno de Javier Corral tenía copias de 34 cheques que Campos Galván recibió del entonces gobernador priista César Duarte. La única posibilidad de desvanecer los cargos era probando que las firmas de recibido no eran suyas.
Ella recibió más de 9 millones de pesos cuando era diputada local del PAN, para aprobar todas las iniciativas de interés para el gobernante del PRI, como la autorización para sobre endeudar al estado con 40 mil millones de pesos (Chihuahua tiene aproximadamente 3.7 millones de habitantes).
Anoche Campos Galván, quien es alcaldesa con licencia, recibió auto de vinculación a proceso, todavía oficialmente como “presunta”, por ello no ha perdido sus derechos políticos, pero su proceso terminará con sentencia condenatoria, entonces sí, dejará de ser candidata y, seguramente, la sustituirá en la candidatura Gustavo Madero, a quien quería imponer el gobernador Corral en la lucha interna desde un principio.
Por eso fue acusada la alcaldesa y por eso también fue fácil encontrar las pruebas de los cheques pagados con fondos de una partida secreta, porque las firmas en las copias de los documentos las tenía el gobernador.
Si bien todo parece indicar que los delitos se cometieron como dice la autoridad, el caso también se inscribe en los planes del actual mandatario para heredar la gubernatura a alguien de su confianza, quien lo apoye en sus planes políticos para el mediano y largo plazos, algo que la alcaldesa con licencia no haría.
