LOS ABUSOS EMPRESARIALES
QUE YA NO DEBEN PERMITIRSE
CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE Y LA RAPACIDAD
EMPRESARIAL QUE CONSIENTE GOBIERNO ESTATAL
Sorprende e irrita el grado de rapacidad de muchas grandes empresas proveedoras de bienes, servicios y contratos de obras públicas a los gobiernos federal, estatales, municipales, organismos autónomos y auxiliares que cobran con excesivos sobreprecios, por casos de corrupción y tráfico de influencia.
Están documentados numerosos casos en el gobierno federal, donde corporaciones empresariales saquearon el erario durante 36 años, con contratos leoninos consentidos, aceptados y protegidos por los gobiernos neoliberales, de lo cual los contratos de compras de medicamentos con sobreprecios de hasta mil 500 por ciento sobre las cotizaciones de las pequeñas farmacias son los mejores ejemplos.
En realidad, las grandes fortunas acumuladas en los últimos seis sexenios no se explican tanto por el genio de los empresarios, sino por la transferencia de fondos públicos vía compras de gobiernos de bienes, servicios y contratos de obras con sobreprecios, el perdón de impuestos, la evasión fiscal tolerada a grandes contribuyentes y la venta de empresas del sector público, casi regaladas.
No obstante, poco se ha difundido sobre la rapacidad de las empresas concesionarias de carreteras de cuotas. El ejemplo más contundente de esta forma de saqueo a los usuarios lo constituye el caso de la compañía española OHL, cuya razón social es ahora la de Aleatica y su subsidiaria Concesionaria de Autopistas Mexiquense.
Sorprende e irrita más la protección que le brinda el gobierno de Alfredo del Mazo Maza, que privilegia el abuso de la concesionaria, en lugar de proteger la economía popular, como lo es la de los conductores usuarios del Circuito Exterior Mexiquense (CEM).
OHL-Aleatica invirtió en esa autopista 5 mil 600 millones de pesos, y hasta 2019 había recuperado 30 mil millones de pesos; es decir, 5 veces el capital arriesgado. No obstante, al 31 de diciembre de ese año notificó que le falta recuperar 87 mil 059 millones de pesos, en números redondos, de su inversión, los cuales deben aportar los usuarios de esa autopista.
En forma inexplicable, de ese monto la empresa sostiene que el gobierno mexiquense le debe 18 mil 58 millones de pesos, lo cual se sale de toda lógica, pues en lugar de que Aleatica deba impuestos al Estado, éste es deudor de la concesionaria, en algo que sería surrealismo y anecdótico si no constituyera una descomunal rapacidad empresarial y permisividad oficial.
Lo peor para los intereses de los conductores que transitan por esa carretera es que deben seguir pagando cuotas hasta que cubran cuánto Aleatica, antes OHL, dice que le falta recuperar. En julio del año pasado el gobierno estatal negoció una modificación al título de concesión, y logró que la inversión a recuperar quedara en 57 mil 623 millones de pesos.
Se trata de un convenio leonino aceptado y protegido por el gobierno mexiquense, pues si OHL invirtió 5 mil 600 millones de pesos y en 2019 ya había recuperado 30 mil millones de pesos, no se entiende cómo el gobierno de Alfredo del Mazo Maza aceptó que la concesionaria debe recuperar todavía cerca de 58 mil millones de pesos más, y esa suma debe ser mayor, porque contra toda lógica, crece año con año, en lugar de reducirse y desaparecer.
