CHANTAJE DE GRANDES EMPRESAS A AMLO:
EXIGEN RENDICIÓN DEL GOBIERNO, PARA INVERTIR
GABRIEL L. VILLALTA
Las grandes corporaciones empresariales del país y del extranjero están incurriendo en abierto chantaje al gobierno federal, en su afán de recuperar los privilegios de antes, cuando les perdonaban impuestos sobre ganancias, les compraban bienes, servicios, les contrataban obras públicas con sobreprecios, les otorgaban diversas concesiones y mediante diversos mecanismos les transferían fondos públicos a sus cuentas privadas.
A través de sus medios informativos, incluso de la prensa de los países donde tienen sus matrices, mantienen una intensa campaña propagandística para hacer creer a la sociedad que no hay Estado de derecho en México y sí, mucha incertidumbre jurídica para las inversiones directas e insisten que si no se restablece esa seguridad jurídica para el capital, no crearán, ni ampliarán sus empresas.
El Estado de derecho de que hablan se refiere al restablecimiento de los privilegios enumerados, que les permitieron acumular descomunales fortunas en un país con más de 80 personas sin ingresos para adquirir la canasta básica recomendable, según información estadística del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM.
Los grandes intereses empresariales, nacionales y foráneos fueron durante 36 años un poder fáctico que, con apoyo de los grandes medios informativos, como se ha expuesto en el espacio de este semanario especializado en la prensa, operaron de facto como el primer poder, pues sometieron a los presidentes y los convirtieron en rehenes al servicio casi exclusivo de sus empresas, lo que se acentuó mucho más a partir del sexenio de Vicente Fox Quesada hasta el 30 de noviembre de 2018.
Esa es la seguridad jurídica y Estado de derecho que exigen para poder invertir, en un chantaje al que no debe ceder el gobierno de López Obrador, porque eso sería traicionar la confianza y los intereses de la mayoría, cuyos ciudadanos le dieron cerca de 31 millones de votos en 2018.
Los conglomerados de grandes empresas exigen seguridad jurídica, lo que existe en la actualidad, y las reformas a las leyes de la Industria Eléctrica y de Hidrocarburos, precisamente, reforzaría esa garantía, porque establecerán las reglas con las que podrán invertir y hacer negocios. Los privilegios no son Estado de derecho, sino todo lo contrario, además de que están prohibidos por la Constitución vigente, como sigue en la misma el régimen de economía mixta y la rectoría del Estado en materia económica.
En el peor de los casos, pueden dejar de invertir en el campo de los energéticos, pero tienen abierta todas las otras ramas productivas, donde pueden arriesgar sus capitales, crear empresas, generar empleos, pagar impuestos y obtener utilidades justas en función del monto de sus inversiones.
Los mexicanos consumimos productos chinos, porque los empresarios mexicanos no los producen, y deberían hacerlo. No lo hacen porque se acostumbraron a la transferencia de fondos públicos a sus cuentas bancarias, porque inclusive a eso equivalen los sobreprecios de lo que venden y construyen al sector público, lo mismo que el tráfico de influencia y la corrupción que los benefició. Y eso no debe volver, ni con chantaje.
