CASO “ARTÍCULO 19”, SU FINANCIAMIENTO Y ELITISMO
MAXIMILIANO CASTILLO R.
La organización periodística internacional “Artículo 19” está en el centro de un debate por su información sobre los derechos humanos y la libertad de expresión, utilizada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para exhibir a México como violador de esas dos garantías constitucionales de los mexicanos e indispensables para la democracia.
En la polémica participan periodistas que consideran a “Artículo 19” ejemplo de férrea y desinteresada lucha por la libertad de expresión, imparcial, objetiva y denunciadora de gobiernos autoritarios represores de los derechos humanos y de los informadores y analistas profesionales en el mundo.
Los periodistas del lado opuesto reconocen la defensa de la organización en la defensa de casos emblemáticos de actos represivos gubernamentales contra profesionales de la información y el análisis, pero la consideran elitista, selectiva en su defensa, omisa en los casos de periodistas reprimidos y sin renombre, de bajos ingresos y al servicio de medios informativos modestos.
Además, le atribuyen parcialidad y discriminación en su denuncia, porque tolera, oculta y guarda silencio ante la violación a la libertad de expresión y de los derechos humanos en países cuyos gobiernos están al servicio de los intereses de Estados Unidos y del capital global; es decir, de las grandes corporaciones empresariales y del capital financiero de escala planetaria.
Como ejemplo de ello ponen el caso de Colombia, donde el gobierno del presidente Iván Duque ejecutó extrajudicialmente el año pasado a más de 250 ex guerrilleros de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes se habían acogido a los acuerdos de paz y abandonado la lucha armada para incursionar en la vía electoral, frente a lo cual “Artículo 19” guarda absoluto silencio.
Desde la opinión de los periodistas que la consideran elitista, parcial y al servicio de gobiernos extranjeros e intereses del capitalismo mundial, la omisión en la denuncia de lo que ocurre en Colombia la atribuyen a que Iván Duque es uno de los peones de Estados Unidos en Sudamérica e instrumento de los planes del gobierno estadounidenses para invadir Venezuela, derrocar o asesinar al mandatario venezolano Nicolás Maduro.
Ambas posiciones tienen razón, porque efectivamente “Artículo 19” respaldó y encabezó en México la defensa de periodistas y a la libertad de expresión, agraviados por anteriores gobiernos, como fueron los casos de Carmen Aristegui, Anabel Hernández y las ejecuciones de Regina Martínez y Javier Valdez. Ha denunciado otros homicidios de periodistas, pero sin la vehemencia puesta en estos casos.
También es verdad que “Artículo 19” es financiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y de fundaciones de grandes corporaciones empresariales de alcance planetario, que siempre y en todas partes buscan generar ánimos colectivos o gremiales favorables a sus intereses en los países donde explotan recursos naturales, mano de obra y mercados.
Su altruismo no es desinteresado, sino parte de su estrategia para fortalecer las condiciones que les permiten el florecimiento de sus negocios, y por eso destinan fondos a organizaciones que se escudan en la lucha por la democracia. En este contexto se ubica el caso de “Artículo 19”.
Cuando habla de la libertad de expresión no ubica el tema en el contexto mexicano del saqueo de fondos públicos por parte de las empresas dueñas de los grandes medios y periodistas famosos. No habla de los cobros a la presidencia de la República, y oculta que si eso ocurriera en su país de origen, el Reino Unido y empresas mediáticas y periodistas cobraran en el Palacio de Buckingham, esos medios desaparecerían y los periodistas no encontrarían trabajo en ningún medio.
