Maximiliano Castillo R.
El episodio de violencia de género visto la semana pasada, en el cual el perpetrador, Octavio Alonso, agrede a su víctima mientras ésta imparte clase en línea a jóvenes de bachillerato, con todo y lo lamentable que resulta sirve para analizar varios aspectos de comunicación involucrados.
Desde el momento en que se dio a conocer la noticia, hubo irritación al interior de la comunidad estudiantil de la UAEM, y de inmediato las autoridades universitarias intervinieron, incluso acompañaron a la víctima y le brindaron asesoría legal. En este aspecto, la institución respondió de manera pronta y oportuna.
Pero la universidad no fue el único actor que aplicó su estrategia de control de daños. Al viralizarse la noticia, el Partido Acción Nacional también salió al paso y anunció, no se sabe si se tramitó, la expulsión del perpetrador quien resultó ser uno de sus militantes en Toluca.
Ese partido ha hecho de los temas de equidad y violencia de género una bandera política en el actual proceso electoral del país. La imagen de partido feminista que ha buscado crearse el PAN se vio afectada de manera súbita cuando uno de ellos resultó golpeador de mujeres, sobre todo cuando fue transmitida su agresión y atestiguada por los alumnos de su pareja, quien todavía le rogaba le permitiera apagar por lo menos la cámara.
Sorprende que no hubo, por otra parte, una gran movilización de grupos feministas para denunciar el hecho, tampoco hubo marchas o desmanes exigiendo justicia para la profesora, no se pintaron edificios como el congreso local, por ejemplo. En muchos aspectos pareciera que esta noticia y el claro testimonio de la agresión documentada no fueron chispa suficiente para el motor feminista en el país.
No solo eso, de manera sorprendente, los videos que circulaban en redes sobre este penoso asunto fueron bajados, a petición de la víctima, incluso plataformas de medios los dieron de baja de sus servidores, una situación nunca antes vista y, definitivamente, no natural. Resulta evidente que aquí también hubo un protocolo de control de daños, aunque no está claro quién o quiénes lo pusieron en marcha, lo cierto es que el caso se puso en pausa, lo enfriaron.
