*Mediante sobornos aceleraban trámites en perjuicio de solicitantes de autorización
De la redacción
Intereses corruptos se habían infiltrados y en la práctica, apoderado de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), un organismo con amplias facultades legales en el campo de los servicios privados de salud, medicamentos, materiales e insumos para producirlos y los riesgos de elementos para el ambiente y la salud de los mexicanos.
La Subsecretaría de Prevención y Fomento de la Salud, dependiente de la Secretaría de Salud federal dio a conocer que detectó en áreas de la Comisión prácticas a todas luces corruptas, por lo que fueron cesados los seis directores de las áreas especializadas en atender solicitudes de autorización para distintas fases e insumos para producir, comercializar y manejar medicamentos.
De la COFEPRIS sólo se sabe por sus acciones de clausuras de establecimientos cuya regulación le compete, pero sus facultades son amplias e incluyen desde autorizaciones para producir y comercializar fármacos, hasta verificar las materias primas e insumos, la importación y exortación de medicinas, la publicidad, la introducción al país de equipos médicos, prótesis, tecnología para el campo de salud, la vigilancia de trasplantes de órganos.
No obstante, sus áreas más susceptibles de corrupción son las relacionadas con la regulación de las actividades de los poderosos intereses empresariales fabricantes, importadores, exportadores y comercializadores de fármacos y de materias primas e insumos para la industria farmacéutica.
La Subsecretaría de Prevención y Fomento a la Salud detalló que la COFEPRIS demoraba hasta dos años para resolver sobre las solicitudes de autorización, mientras que otras que pedían lo mismo las resolvía favorablemente en meses y hasta semanas.
Este comportamiento generó sospechas de que por corrupción se daba prioridad a determinados trámites relacionados con autorizaciones y por no recibir dinero ilegalmente se posponían otras peticiones o negaban autorización.
Los seis directores de áreas especializadas fueron ya sustituidos por nuevos funcionarios, pero la dependencia no dio a conocer si se denunciaron penalmente a los cesados, algunos de los cuales defendían más intereses ilegítimos de los grandes empresarios; es decir, propiciaban el tráfico de influencia.
