*No se permitirán extorsiones, ni que obliguen a comprar a determinada.
De la redacción
La delincuencia organizada perdió desde hace décadas el respeto y temor a la ley y a las autoridades, como lo prueba su amenazas e intento de extorsiones a empresas constructoras encargadas de la construcción del tren que unirá al océano Pacífico con el Atlántico, en ruta por el Istmo.
Criminales están exigiendo derecho de piso para permitirles ejecutar el megaproyecto, uno de los prioritarios dentro de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador de implantar un nuevo modelo de desarrollo del país.
El propio mandatario reveló esta situación, pero -advirtió- “no se tolerarán este tipo de acciones delictivas”, y menos en contra de un plan que busca impulsar el desarrollo de las regiones más pobres y marginadas del territorio nacional.
Los grupos de la delincuencia organizada aplican este mismo esquema en las regiones y municipios donde tienen fuerte presencia: exigen el pago de “derecho de piso” para dejar operar a los propios ayuntamientos.
Otra vertiente o modalidad criminal es la de obligar a las autoridades municipales a comprar todo lo que necesitan, tanto bienes, como servicio y obras públicas a determinadas empresas.
Esta misma práctica aplican a las constructoras contratadas por el gobierno mexicano para construir el citado medio de transporte ferroviario para unidos a los dos océanos, desde territorio veracruzano hasta el oaxaqueño.
El presidente López Obrador dio a conocer que bandas criminales quieren obligar a las constructoras del tren interistmico a comprarle todos los materiales de construcción a ciertas empresas.
Llama la atención la desfachatez de las células de la delincuencia organizada, porque intentan extorsionar y cobrarle “derecho de piso” para poder trabajar a poderosas compañías contratistas del gobernó federal, las cuales adicionalmente ejecutan uno de los megaproyectos estratégicos de la cuarta transformación.
Si son capaces de intentar extorsionar a quienes construyen obras para el gobierno federal, no es difícil concluir que deben tener sometidas a las autoridades de municipios apartados, sin fuerzas de seguridad capaces de combatir y erradicar esos intereses criminales.
