*Violencia, propaganda agresiva de candidatos y las promesas de siempre.
De la redacción
Atrás quedarán las campañas mediáticas de desprestigio contra candidatos, coaliciones y partidos, las encuestas sesgadas con resultados al gusto de quienes las pagaron, la violencia en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos, activistas, las decenas de ejecuciones y los litigios preelectorales: el próximo domingo hablarán las urnas para que casi 94 millones de potenciales votantes decidan el rumbo del país y las condiciones de gobernanza, según análisis de “El Espectador”.
La lucha será por cerca de 22 mil cargos, incluyendo 500 diputados federales de mayoría y plurinominales, 15 gubernaturas y miembros de todos los ayuntamientos de 30 de los 32 estados, en las elecciones intermedias más importantes de la historia. La coalición parcial PRI-PAN-PRD tiene como objetivo estratégico confeso ganar la mayoría absoluta y calificada en la Cámara de Diputados Federal, para dificultar el tránsito de la segunda mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, e impedir la consolidación de las metas de su cuarta transformación. La alianza Morena-PT-PVEM busca mantener su mayoría
El plan de los opositores a AMLO es abierto, como lo reconocen y difunden en forma grosera en spots las alianzas y sus candidatos, según un seguimiento de “El Espectador” a las campañas, las cuales deberán terminar el miércoles. En su propaganda desmesurada sostienen que Morena es la desgracia del país.
Por el lado de la alianza, advierte que la política pública de Estado en favor de la mayoría, y en especial de los sectores vulnerables, será revertida si la izquierda pierde la mayoría en la Cámara de Diputados Federal, y que sus adversarios ideológicos buscan restaurar el régimen de corrupción y el neoliberalismo, con el cual saquearon las finanzas públicas y se entregó a particulares bienes de la nación, empobreciendo a la mayoría y enriqueciendo a no más de 12 mil grandes empresas y conglomerados empresariales.
El domingo por la noche, con datos estadísticos preliminares se sabrá qué posición convenció a los 93 millones 529 mil mexicanos con derecho a votar, de los cuales y en números redondos 12 millones 400 mil son mexiquenses.
El segundo objetivo de los partidos políticos son las 15 gubernaturas en disputa, de las cuales sólo la de Baja California está en manos de Morena. Estarán en juego, además, los poderes ejecutivos de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Querétaro, en manos del PAN.
Los de Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, en poder del PRI. Nuevo León es gobernado por un independiente, y el PRD tiene alto riesgo de perder el único estado que gobierna: Michoacán.
LAS LEGISLATURAS LOCALES
Por los mismos objetivos partidistas de lucha por diputaciones federales, las elecciones legislativas locales adquieren ahora una importancia no vista en el pasado. Ganar la mayoría en las representaciones populares de los estados tendrá impacto a escala nacional, porque son parte del Constituyente Permanente del país.
Los cambios constitucionales, aunque sean aprobados por unanimidad en las dos cámaras del Congreso de la Unión, no pueden entrar en vigor si no los aprueban, al menos, 17 legislaturas locales.
Además, los gobernadores son acotados y fiscalizados de verdad cuando la oposición tiene mayoría legislativa. Y si proponen cambios constitucionales y a leyes, éstos son revisados con lupa por el congreso; además, deben pedir autorización para los paquetes de leyes fiscales y presupuestos de egresos y permisos para contratar deuda, por lo cual las contiendas por las curules locales son estratégicas ahora.
NUEVOS TIEMPOS, MISMAS PROMESAS
Llaman la atención la persistencia de las mismas promesas de campañas de siempre, con la novedad de que diputados y alcaldes -sobre todo los últimos- que buscan reelegirse ofrecen hacer todo cuanto no han hecho en dos años y medio en sus cargos. También están las ofertas de quienes buscan curules locales y federales y prometen hacer aquello que sólo pueden ejecutar los presidentes municipales, gobernadores o el Ejecutivo Federal.
