*Nunca un gobernador llegaba vinculado a proceso penal por corrupción.
De la redacción
En el país muchos gobernadores y candidatos al cargo han cargado con sospechas de proteger a la delincuencia organizada, e incluso de encabezarla (Francisco Javier García Cabeza de Vaca es el mejor ejemplo), pero nunca en la historia un gobernante alguno(a) había llegado al cargo con vinculación a proceso penal, como es altamente probable que ocurra el próximo domingo.
La candidata de la alianza “Va por México” a gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, tiene altas posibilidades de ganar el puesto, y de ocurrir así, por primera vez en la historia del país un personaje judicialmente considerado presunto responsable (culpable) de actos de corrupción, mandará en un estado.
Un juez penal del fuero común de Chihuahua encontró a Campos Galván probable responsable del delito de corrupción, cometido al obtener ilícitamente 10 millones de pesos de la nómina secreta del entonces gobernador de esa entidad fronteriza, César Duarte, de quien como diputada local del PAN, era opositora.
Su situación penal se agrava por otra causa judicial abierta por la justicia chihuahuense por delitos de cohecho y extorsión a proveedores y contratistas del ayuntamiento de la capital de su estado, que ella presidía.
Además, tiene otra carpeta de investigación por delitos similares, y su afición por recibir beneficios ilícitos incluyó el uso de tarjetas de crédito del gobierno de Duarte, incluso fuera del país; y la obtención de otras tarjetas para compras, recibidas de empresas contratistas del gobierno municipal.
En la segunda causa penal no le han determinado su situación jurídica porque lo ha impedido mediante varios amparos. Y tiene otra carpeta de investigación, pero no se ha judicializado (así le dicen ahora a lo que antes se conocía como la consignación penal de un expediente ante un juez), que seguramente se enviará a reserva si gana la gubernatura, porque adquirirá fuero constitucional e impunidad.
Grupos como “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad” (MCCI), que opera con fondos de la embajada de Estados Unidos, permanecen mudos ante el caso de Campos Galván. No exigieron al PAN se le retirara su candidatura, como en su momento lo hicieron ante Morena con la postulación de Félix Salgado Macedonio, cuando fue acusado de violación sexual, sin que fuera consignado siquiera ante un juez, ni mucho menos estuviera vinculado a proceso.
Ese grupo se comporta en forma facciosa, porque lucha contra la corrupción o dice combatirla, pero en este caso nada dice, como si su criterio fuera que hay corrupción mala y corrupción buena, si ésta es de la derecha.
