*Los mexicanos no lo percibían, pero el privilegio a los más ricos lo pagaban los más pobres.
De la redacción
La política del perdón del pago de impuestos a las grandes empresas y conglomerados empresariales nacionales y extranjeros, que en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto alcanzó los 413 mil millones de pesos, al final perjudicaba a las familias de bajos ingresos y marginadas de servicios básicos.
Los montos de las contribuciones no ingresadas a la Tesorería de la Federación mermaban los ingresos públicos y limitaban los programas sociales y la construcción de obras de infraestructura para el desarrollo y para proporcionar servicios públicos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esos impuestos que Calderón y Peña les perdonaron a unos 6 mil 500 conglomerados empresariales, como las cadenas nacionales de radio y televisión, las compañías mineras, las cadenas de tiendas de autoservicios, telefónicas, acereras, refresqueras, bancos y compañías de venta al mayoreo, hubieran sido suficientes para construir en el territorio nacional 413 grandes obras con una inversión de mil millones de pesos cada una. Los 70 millones de contribuyentes restantes no gozaban de este privilegio, pagaban puntualmente sus impuestos o hasta multas y recargos les cobraban. De no hacerlo, llegaban los embargos.
El mandatario recordó que los impuestos perdonados no eran dinero de los presidentes, ni del gobierno, sino de los mexicanos, cuya abrumadora mayoría, aun los segmentos con empleos de base e ingresos fijos, jamás recibió condonación de impuestos, incluso a los trabajadores se les descontaban antes de recibir su salario.
La reducción de ingresos públicos que representaba el perdón de impuestos a los grandes empresarios, además de ser una transferencia de fondos públicos a particulares, restaba a las autoridades federales capacidad presupuestal para atender las demandas de obras y servicios de los mexicanos; sobre todo, de los más pobres.
De la misma forma perjudicaba a la población el robo de combustible, porque tanto el perdón fiscal, como las pérdidas por la apropiación de gasolinas por la delincuencia organizada que explotaba ductos y de la delincuencia organizada de “cuello blanco” incrustada en las estructuras de Petróleos Mexicanos (PEMEX), disminuían el monto de las participaciones a estados y municipios, con las cuales se ejecutan programas sociales y obras públicas, rememoró el mandatario.
Recordó que cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) les informó a los gobernadores que de las participaciones que les correspondían tendría que descontarse el monto de las pérdidas por el robo de combustible; y lo mismo hacía la dependencia con los impuestos perdonados. Las sumas se traducían en menores participaciones a estados y municipios, las cuales se empleaban para obras y servicios.
