*Los criminales no han respetado ni mujeres: el caso de candidata en Moroleón.
De la redacción
Doce días antes de la jornada de votación del próximo domingo fue ejecutada en Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán Santiago, candidata de Movimiento Ciudadano para alcaldesa de ese municipio de 50 mil habitantes.
La demarcación se localiza al sur de estado, región disputada entre el “Cartel Jalisco Nueva Generación” y el “Cartel de Santa Rosa de Lima”. Ahí mismo, 8 días antes fue atacado a tiros Juan Guzmán, ex alcalde y candidato del PRI y PRD a diputado, aunque salió ileso.
Días antes había acusado al alcalde perredista Jorge Ortiz Ortega, de hostigarla para favorecer al PAN; al cual se entregó, según las palabras de la víctima. No quería que ganara y lo relevara en el cargo. Los sicarios la atacaron minutos antes del inicio de un mitin de campaña.
Este homicidio, ocurrido doce días después de la ejecución de Abel Murrieta, candidato también del MC a alcalde de Cajeme, Sonora, estado donde fue procurador en los gobiernos de Eduardo Bours Castelo (PRI) y Guillermo Padrés (PAN).
Ejecuciones y agresiones diversas, incluyendo privación ilegal de la libertad, amenazas y hostigamientos, formaron parte de la violencia política en las campañas, que concluirán el miércoles y, de acuerdo con un seguimiento de la consultora Etellekt, al cierre de esta edición de “El Espectador”, los candidatos a alcaldes, síndicos y regidores asesinados sumaban 29, con el dato preocupante de que el 89 por ciento; es decir, casi 9 de cada 10 víctimas eran opositoras a los gobiernos municipales.
ASESINARON A QUIENES NO IBAN A GANAR
Llama mucho la atención el hecho de que algunos de los candidatos ejecutados no tenían posibilidades de ganar los cargos, porque fueron postulados por partidos políticos sin arraigo popular y, por lo mismo, no representaban peligro para los intereses criminales que ordenaron sus muertes.
Se trató de violencia política, pero ejercida contra quienes no tenían condiciones para ganar los puestos ni manera de proceder contra los grupos delictivos, según un análisis de “El Espectador”.
